Cuestionó las nuevas disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados y advirtió que podrían afectar el ingenio y la crítica de los mexicanos en Internet.
El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como un “atropello a la libertad de expresión” la llamada Ley Antimemes, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para continuar con su proceso legislativo.
Al ser cuestionado sobre la reforma, el funcionario estatal manifestó una postura crítica y consideró que las nuevas disposiciones pueden terminar afectando una de las formas de expresión que se han popularizado entre los mexicanos: los memes.
“No hay otra forma de decirlo: un atropello a la libertad de expresión”, afirmó.
De la Peña sostuvo que quienes actualmente ocupan posiciones de poder anteriormente pudieron utilizar los memes como una herramienta para cuestionar y criticar a las autoridades, pero que ahora podrían estar adoptando una postura diferente al convertirse en objeto de esas expresiones.
Afirmó que el ingenio de los mexicanos también ha servido para evidenciar, desde la perspectiva de quienes generan estos contenidos, omisiones, errores, excesos y posibles actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada.
“Ahora están sacrificando la libertad de expresión de todos los mexicanos para no verse en este espejo de la realidad”, expresó.
El secretario cuestionó además que las nuevas disposiciones contemplen responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet, al considerar que esto podría incrementar la presión sobre las empresas para retirar o suspender determinados contenidos o servicios.
“Nomás imagínate que ahora el ingenio mexicano que hemos presumido por muchos años ahora va a ser penalizado”, manifestó.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor relacionadas con la responsabilidad de los proveedores de Internet frente a infracciones de derechos de autor.
La oposición ha advertido que las modificaciones podrían generar riesgos para la libertad de expresión, mientras que sus impulsores sostienen que buscan combatir la piratería y armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales.
El proyecto permanece ahora bajo análisis del Senado.