El coordinador de la bancada panista pidió a la Suprema Corte preservar las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal y cuestionó la impugnación presentada por Morena
CHIHUAHUA, CHIH.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado elevó este lunes el tono de la confrontación política al acusar a Morena de buscar, mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se eliminen las disposiciones electorales que pretenden impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales de Chihuahua.
Durante una rueda de prensa, el legislador defendió la reforma electoral aprobada por el Congreso local y sostuvo que Chihuahua tomó una decisión que, desde su perspectiva, representa un mecanismo de protección para el sistema democrático estatal.
La reforma contempla disposiciones relacionadas con la intervención del crimen organizado en las elecciones. La existencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena está registrada por la propia información disponible sobre el expediente AI 99/2026, que fue acumulado junto con otras acciones promovidas contra la reforma electoral aprobada en junio.
El panista sostuvo que el Congreso de Chihuahua buscó adelantarse a un problema que, afirmó, ya se ha presentado en otras entidades del país.
“Nuestra premisa fundamental para esta legislación fue que Chihuahua no se convierta en Sinaloa”, afirmó.
“No queremos narcopolíticos”, sostiene el PAN
El coordinador panista explicó que la reforma pretende establecer consecuencias electorales cuando se acredite que una candidatura o un partido mantiene vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con su exposición, una de las medidas contempla la posibilidad de nulidad de una elección cuando se comprueben circunstancias relacionadas con la intervención criminal.
El legislador insistió en que la disposición no fue diseñada contra un partido político en particular, sino que, según su argumento, tendría aplicación para cualquier fuerza política.
“Estamos hablando de todo el sistema de partidos, incluidos todos los partidos políticos”, sostuvo.
Sin embargo, el discurso rápidamente tomó un rumbo partidista.
El coordinador cuestionó que Morena haya presentado una acción de inconstitucionalidad contra la reforma y calificó como “sospechosa” la decisión del partido de recurrir ante la Corte.
Desde la tribuna política, incluso llegó a sostener que esa impugnación sería una señal de supuestos vínculos entre Morena y grupos criminales.
Esa acusación corresponde a la posición expresada por el legislador y no constituye por sí misma una conclusión judicial ni una acreditación de vínculos criminales.
La Corte revisará una reforma mucho más amplia
Más allá de la disputa partidista, el expediente que llegará al Pleno de la Suprema Corte no se limita exclusivamente al llamado “blindaje” contra el crimen organizado.
Las acciones acumuladas cuestionan diversos aspectos de la reforma electoral de Chihuahua, entre ellos facultades interpretativas de autoridades electorales, acciones afirmativas, régimen sancionador y otras disposiciones de la legislación local.
El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra plantea declarar parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad y propone conservar algunas disposiciones, pero también invalidar otras. Entre los puntos analizados se encuentra la constitucionalidad de distintas normas de la reforma y la armonización de la legislación estatal con cambios constitucionales federales.
Por ello, el debate jurídico ante la Corte es considerablemente más amplio que la confrontación política entre PAN y Morena.
“¿A qué le temen?”
Durante la rueda de prensa, el coordinador panista lanzó directamente la pregunta a Morena:
“¿A qué le temen? ¿Qué fantasmas tienen en el clóset?”
El legislador consideró que la impugnación resulta particularmente cuestionable porque, a su juicio, el blindaje electoral busca proteger el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados sin intervención del crimen organizado.
También llamó a las ministras y ministros de la Suprema Corte a respetar, según dijo, la voluntad expresada por el Congreso de Chihuahua.
“No queremos narcopolíticos en las próximas elecciones de ningún partido”, enfatizó.
El coordinador rechazó además que el Congreso local haya incurrido en irregularidades durante el procedimiento legislativo y sostuvo que el proceso de aprobación de la reforma fue correcto.
PAN advierte sobre el escenario de 2027
El mensaje panista ocurre en la antesala del proceso electoral de 2027, cuando Chihuahua elegirá gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
Por ello, el dirigente parlamentario sostuvo que la discusión no es solamente jurídica, sino que tiene implicaciones directas para el futuro proceso electoral.
“Chihuahua no va a ser Sinaloa”, reiteró.
El argumento del panista se suma al posicionamiento realizado este lunes por la gobernadora Maru Campos, quien también pidió a la Suprema Corte mantener las disposiciones de la reforma electoral relacionadas con la intervención del crimen organizado. La mandataria señaló que el Pleno analizará este martes las impugnaciones contra distintos apartados de la reforma.
La disputa ahora está en manos de la Corte
Así, el enfrentamiento político pasa ahora al terreno constitucional.
Mientras el PAN defiende la reforma como un mecanismo de protección electoral, Morena ha impugnado diversos apartados de la legislación ante la Suprema Corte. La propia información del expediente confirma que Morena presentó la acción 99/2026, aunque la controversia jurídica abarca numerosos temas adicionales al relacionado con la delincuencia organizada.
Será el máximo tribunal, y no los partidos políticos, el que determine qué disposiciones de la reforma se ajustan al marco constitucional.
Y ahí está precisamente la parte interesante del asunto: en Chihuahua los partidos ya comenzaron a librar la batalla rumbo a 2027, pero esta vez la boleta todavía no está en las urnas.
Está en los escritorios de los ministros.
Porque entre acusaciones de “narcopacto”, llamados al blindaje electoral y advertencias de que Chihuahua no debe convertirse en Sinaloa, la política local ya encontró una nueva palabra para acompañar a “candidatura”, “encuesta” y “coalición”:
constitucionalidad.