El Fiscal estatal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela asegura que un juez federal ha incurrido en violaciones a la Ley de Amparo y advierte que la Fiscalía a su cargo llevará el caso hasta las últimas instancias. Revela además investigaciones contra jueces y magistrados del Poder Judicial de Chihuahua.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua elevó el tono de su confrontación con autoridades del ámbito federal al denunciar presuntas irregularidades en el proceso judicial relacionado con la disposición de 98.6 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con el fiscal Abelardo Valenzuela, pertenecían al Estado de Chihuahua y fueron entregados de manera irregular a un particular.
Valenzuela afirmó que un juez federal reconoció que el Estado, particularmente la Secretaría de Hacienda, tiene el carácter de víctima en este asunto, al considerar que se produjo una desviación y disposición indebida de los recursos.
El fiscal anticorrupción cuestionó severamente la actuación del juez federal Roberto Antonio Alcoverde, a quien señaló por presuntas violaciones a la Ley de Amparo. Incluso informó que el juzgador ya fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
De acuerdo con Valenzuela, una de las actuaciones recientes del juez constituiría una violación a una suspensión y podría encuadrar en lo establecido por el artículo 62, fracción III, de la Ley de Amparo.
La pregunta que exige responder la Fiscalía
Más allá de la controversia jurídica sobre competencias, suspensiones y recursos legales, Valenzuela concentró su argumento en una pregunta que, dijo, es fundamental para esclarecer el caso:
¿De qué cuenta salió el pago de los 98.6 millones de pesos?
El fiscal sostuvo que los recursos no surgieron de aportaciones federales, como se habría planteado en algunas resoluciones, sino de la cuenta concentradora de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua.
Por ello, insistió en que las víctimas son los propios habitantes del estado.
“Las víctimas son los chihuahuenses, son los habitantes del estado de Chihuahua”, sostuvo Valenzuela al señalar que, desde su perspectiva, los recursos fueron retirados de manera irregular para entregarlos a un particular a cambio de una contraprestación que calificó como prácticamente inexistente.
El señalamiento coloca el origen y destino del dinero en el centro de una disputa que ya trascendió el ámbito estatal y llegó a instancias federales.
Acusa intentos de torcer la ley
Valenzuela fue todavía más lejos al acusar que alrededor de la investigación se han construido narrativas destinadas a ser utilizadas posteriormente en los tribunales.
Sin mencionar directamente los medios o publicaciones a los que hizo referencia, el fiscal arremetió contra lo que calificó como “pasquines” que, aseguró, difunden versiones falsas para después presentarlas como supuestas pruebas dentro de procesos judiciales.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción afirmó que su institución llegará hasta las últimas instancias para defender la investigación, incluso si ello implica acudir a la Suprema Corte y exponer ante la presidenta de la República lo que calificó como “fechorías” y “triquiñuelas” para torcer la ley con el objetivo de alcanzar impunidad.
Valenzuela aseguró que, a diferencia de otros casos en los que los procedimientos han avanzado con mayor rapidez, en esta investigación los involucrados llevan más de un año enfrentando el avance de la Fiscalía Anticorrupción.
Y lanzó una advertencia: la institución no se dejará intimidar.
Denuncia actos intimidatorios
El fiscal reveló además que la Fiscalía Anticorrupción ha recibido, a través del propio juez Alcoverde y de algunos funcionarios de la Fiscalía General de la República, lo que calificó como actos intimidatorios, además de cuestionar algunas de las resoluciones emitidas durante el proceso.
Pese a ello, afirmó que dichas acciones no frenarán las investigaciones.
“Nosotros vamos a defender a los chihuahuenses, pésele a quien le pese y contra quien sea”, sostuvo.
Valenzuela aseguró que la Fiscalía cuenta con pruebas que serán presentadas públicamente una vez que concluya el asunto y afirmó que existen elementos sobre presuntas maniobras para torcer actuaciones de funcionarios federales y de algunas instancias del Ministerio Público de la Federación.
La Fiscalía, dijo, esperará a que el procedimiento llegue a una etapa adecuada antes de revelar la totalidad de esos elementos.