El auditor Héctor Acosta Félix anunció que se enviará un nuevo requerimiento, ahora dirigido directamente al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) prepara un nuevo requerimiento dirigido a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), luego de que no se entregara la documentación solicitada para revisar un gasto superior al millón de pesos relacionado con el uso de “tarjetas empresariales” durante el ejercicio fiscal 2025.
Héctor Alberto Acosta Félix, titular de la ASE, explicó que anteriormente se aplicó una multa a una servidora pública de la institución por la negativa a proporcionar la información requerida por el órgano fiscalizador.
Sin embargo, ante la falta de documentación, la Auditoría decidió ampliar el alcance del requerimiento y dirigirlo ahora al rector de la universidad, con la expectativa de que la institución entregue los elementos necesarios para continuar con la revisión de la cuenta pública.
Entre la información que solicita la ASE se encuentran los estados de cuenta y las pólizas relacionadas con el gasto observado, documentos que, de acuerdo con Acosta Félix, resultan necesarios para conocer y comprobar el destino de los recursos utilizados mediante las llamadas tarjetas empresariales.
El auditor también se refirió al carácter autónomo de la UACJ y aclaró que esta condición no significa que la institución esté exenta de cumplir con sus responsabilidades en materia de fiscalización.
Acosta Félix explicó que la autonomía universitaria está vinculada principalmente con la organización interna de las instituciones y aspectos como la libertad de cátedra, pero no elimina las obligaciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese sentido, sostuvo que las universidades autónomas están sujetas a los procesos de fiscalización correspondientes cuando se trata del manejo de recursos públicos.
La ASE continuará con el procedimiento para obtener la documentación pendiente y determinar, con base en ella, si existen elementos que deban ser observados dentro de la revisión de la cuenta pública de 2025.
Por ahora, el órgano fiscalizador espera que el nuevo requerimiento permita destrabar la entrega de la información y avanzar en el análisis del gasto superior al millón de pesos.