Chihuahua, Chih. — El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que el gobierno federal tendrá que dar una explicación clara a la ciudadanía sobre por qué no se ejecutaron las órdenes de detención con fines de extradición solicitadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios en activo.
“El gobierno federal tendrá que dar una explicación de por qué tomó la decisión de no activar este tema”, indicó De la Peña.
El secretario evitó opinar más allá de señalar que es responsabilidad del gobierno federal aclarar la situación ante los ciudadanos.
Vencimiento del plazo de 60 días
Este martes 30 de junio venció el plazo de 60 días que, según reportes de medios nacionales e internacionales, Estados Unidos había dado al gobierno mexicano para la entrega de Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información publicada por medios como Reuters, The New York Times, El País y Proceso, la solicitud formal de extradición incluía cargos relacionados con narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, al cierre del plazo, ninguna de las personas solicitadas había sido detenida ni entregada a las autoridades estadounidenses.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no han emitido un comunicado oficial sobre el vencimiento del plazo ni han confirmado si se solicitó una prórroga.
Reacciones y contexto
El caso ha generado fuerte polémica. Mientras el gobierno federal ha guardado silencio, legisladores de oposición y analistas han criticado la aparente protección hacia funcionarios de Morena. Por su parte, el senador Javier Corral (Morena) y otros legisladores guindas han defendido que se deben respetar los procedimientos legales y el debido proceso.
En Chihuahua, el tema ha sido utilizado para contrastar la postura del gobierno de Maru Campos, quien ha sido acusada por Morena de permitir operaciones de agentes extranjeros, mientras que en Sinaloa —gobernado por Morena— no se avanza en la extradición de sus propios funcionarios.
Santiago de la Peña Grajeda evitó entrar en más detalles, pero insistió en que corresponde al gobierno federal rendir cuentas sobre este delicado asunto que afecta la relación bilateral con Estados Unidos, principal socio comercial de México y de Chihuahua.