CHIHUAHUA, CHIH. – En una estrategia frontal para proteger los derechos de la niñez chihuahuense, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales intensificó sus operativos contra el incumplimiento de pensiones alimentarias durante el primer cuatrimestre de 2026.
Las acciones ministeriales derivaron en un incremento sustancial de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.
La coordinadora de la unidad, la maestra Concepción Márquez Muñoz, informó que entre enero y abril de este año se solicitaron 38 órdenes de aprehensión por este delito, logrando cumplimentar 30 de ellas de manera exitosa.
Como parte del despliegue táctico y de investigación para ubicar a los evasores, la Fiscalía ejecutó cinco cateos y logró vincular a proceso penal a 22 personas relacionadas con carpetas de investigación vigentes por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.
De los casos judicializados en este periodo, nueve ya concluyeron con una sentencia condenatoria dictada por los tribunales.
Márquez Muñoz destacó que, mediante la optimización de los procedimientos y el fortalecimiento de las mesas de atención, se resolvieron favorablemente 467 investigaciones.
El logro más significativo de este avance fue la recuperación de un millón 750 mil pesos por concepto de reparación del daño, capital que fue transferido de manera directa para el sustento de las niñas, niños y adolescentes afectados.
La funcionaria estatal advirtió que dejar de proveer la manutención no es una simple falta civil, sino una afectación grave al interés superior de la niñez. Subrayó que esta omisión limita de forma directa el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los menores, además de colocarlos en condiciones de extrema vulnerabilidad económica frente a su entorno.
Finalmente, la titular de la unidad especializada aseguró que la Fiscalía General del Estado mantendrá vigentes estos operativos institucionales para garantizar que quienes evadan sus responsabilidades filiales enfrenten las consecuencias penales correspondientes, asegurando el apoyo integral indispensable para los hijos de familia.