El abogado Héctor Villasana informó que interpondrán un juicio de amparo y promoverán acciones legales adicionales luego de que la magistrada Elizabeth Macías Márquez revocara la vinculación a proceso del presunto agresor en un caso ocurrido en Parral, donde varias personas resultaron lesionadas.
Villasana expresó que la resolución judicial les causa un profundo agravio, al considerar que la decisión fue ilegal, ya que la apelación había sido promovida únicamente por la parte acusadora, es decir, el Ministerio Público, y no por la defensa del imputado. Explicó que, en ese contexto, la magistrada no debía emitir una resolución que favoreciera al acusado.
Detalló que cuentan con un plazo de 15 días para presentar el amparo, el cual comenzarán a formalizar la próxima semana. En este recurso participarán también Eloy Soto Payán y el abogado Enrique Muñoz, quienes, al igual que Villasana, fueron víctimas del ataque.
Sobre los hechos, recordó que el incidente ocurrió en una funeraria, donde una persona armada, identificada como Fernando Ramírez, hermano del alctual presidnte del Congreso, ingresó con el arma cargada e intentó agredir a Eloy Soto, provocando lesiones a los presentes. Indicó que Enrique Muñoz aún tiene una bala alojada en la pierna, mientras que él estuvo a escasos centímetros de recibir un impacto en el pecho.
El abogado subrayó que, además del amparo, ya trabajan en una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra la magistrada, así como en la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, al considerar que hubo una falta grave en el desempeño de su cargo.
Asimismo, Villasana señaló que existen indicios de posibles presiones externas en la resolución del caso y afirmó que no tiene dudas de que pudo haber influencias indebidas para favorecer al acusado. Agregó que la ciudadanía en Parral se encuentra indignada por lo ocurrido, al considerar que se envía un mensaje de impunidad ante un hecho grave.
Finalmente, reiteró que darán seguimiento puntual al caso tanto en instancias judiciales como en el ámbito legislativo, con el objetivo de evitar que la agresión quede sin consecuencias legales.