Reducción de la edad penal, un debate pendiente en México: César Jáuregui

Chihuahua, Chih.— El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que la posible disminución de la edad penal en México es un tema que debe abrirse a discusión a nivel nacional, particularmente ante el incremento de la participación de menores en delitos de alto impacto.

El funcionario señaló que otros países, como Argentina, ya han avanzado en este tema, al establecer responsabilidad penal para menores desde los 16 años en ciertos delitos graves, lo que —consideró— podría servir como referencia para el análisis en México.

“Creo que ese es un debate pendiente en el país”, expresó Jáuregui Moreno, al cuestionar el actual marco legal, el cual calificó como altamente proteccionista hacia los menores infractores.

Señalan limitaciones del marco legal

El fiscal recordó casos específicos en los que, debido a la legislación vigente, se ha dificultado la aplicación de medidas más severas contra menores responsables de delitos graves.

Como ejemplo, mencionó el caso de “Mía”, en el que —dijo— se requirieron cerca de dos años para lograr el internamiento de un menor que agredió con arma blanca a otra persona, situación que evidenció vacíos legales en el sistema de justicia para adolescentes.

“Este no es solo un tema de edad, sino de todo el sistema que rodea la justicia de menores infractores en el país”, puntualizó.

Un sistema de carácter nacional

Jáuregui explicó que, a diferencia del pasado, cuando cada estado contaba con su propio marco legal en la materia, actualmente existe una legislación nacional que regula los procesos para menores en conflicto con la ley en todo el país.

Esta condición —indicó— complica cualquier modificación, ya que requeriría la intervención del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, e incluso, en caso de reformas constitucionales, la participación de los congresos estatales.

Llamado a una revisión integral

El fiscal reiteró que el análisis no debe limitarse únicamente a reducir la edad penal, sino a replantear de manera integral el sistema de justicia para adolescentes en México, con el objetivo de garantizar tanto la protección de derechos como la atención efectiva a delitos graves.

El posicionamiento se suma a una discusión creciente en el país sobre la responsabilidad penal de menores y la necesidad de ajustar el marco legal frente a los nuevos contextos de seguridad.

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