Chihuahua, Chih.— El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que el fenómeno de la desaparición forzada en México no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de un sexenio, sino como un problema estructural e histórico que el Estado mexicano no ha logrado erradicar.
En el contexto del debate nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario subrayó que se trata de una problemática que refleja una “enorme deuda” con la sociedad y que continúa vigente en diversas regiones del país.
Jáuregui Moreno hizo referencia a un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual —dijo— no solo expone la gravedad del fenómeno, sino que también identifica que las causas que originan este delito siguen presentes en México.
“El informe buscaba señalar que las causas de origen continúan y que se deben instrumentar mecanismos que permitan una disminución importante en el delito de desaparición forzada”, explicó.
Llamado a reconocer la problemática
El fiscal consideró que uno de los principales riesgos es minimizar o negar la existencia del problema, al advertir que en algunas entidades del país este delito incluso ha ido en aumento, aunque aclaró que no es el caso de Chihuahua.
Asimismo, destacó que el documento de la ONU también ofrece apoyo técnico al país para fortalecer las estrategias de búsqueda e investigación, lo que —a su juicio— debe ser valorado por las autoridades.
En ese sentido, señaló que no todos los posicionamientos institucionales han sido de rechazo al informe, al mencionar que algunas voces dentro del ámbito de derechos humanos lo han considerado un documento valioso por los datos y propuestas que contiene.
Impacto en las familias
Jáuregui Moreno calificó la desaparición forzada como uno de los delitos más graves, comparable con el secuestro, debido al profundo daño emocional que provoca en las familias.
“La incertidumbre que vive una familia, que no sabe el destino de su ser querido, es devastadora. Muchas veces lo único que piden es encontrarlo como sea, para poder cerrar ese ciclo”, expresó.
El fiscal destacó la importancia de las labores de búsqueda e identificación de restos humanos como parte fundamental de la reparación a las víctimas.
Como ejemplo, mencionó el caso de “El Willy”, donde se localizaron cerca de 100 cuerpos, de los cuales aproximadamente 80 ya han sido entregados a sus familiares.
“Estas acciones permiten, aunque sea de manera mínima, una reparación del daño y la posibilidad de que las familias encuentren tranquilidad al cerrar un ciclo muy doloroso”, concluyó.
El posicionamiento del fiscal se da en medio de un debate nacional sobre el alcance y la atención del delito de desaparición forzada, considerado uno de los principales retos en materia de derechos humanos en México.