El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, se pronunció respecto a la controversia generada tras la denuncia del Consejo Estatal Anticorrupción sobre una resolución del Primer Tribunal Colegiado en materia penal administrativa, relacionada con la atracción del caso del exgobernador Javier Corral a la Fiscalía General del Estado.
El señalamiento surgió luego de que el Fiscal Anticorrupción calificara el asunto como “caso para Ripley”, al acusar que el tribunal habría confundido los conceptos de aportaciones y participaciones al emitir su determinación.
Ante ello, Estrada sostuvo que se trata, en primera instancia, de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional, la cual puede o no compartirse, pero que debe combatirse por las vías legales correspondientes si se considera incorrecta.
“Cuando un órgano jurisdiccional emite una resolución y no estás de acuerdo, la impugnas. La pregunta es: ¿la Fiscalía la impugnó?”, cuestionó.
El legislador recordó que las resoluciones de tribunales colegiados pueden ser combatidas mediante recurso de revisión, el cual, en determinados casos, puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque bajo criterios de admisión más restrictivos que los aplicables a resoluciones de juzgados de distrito.
Indicó que si la Fiscalía Anticorrupción presentó el recurso dentro del plazo legal de 10 días, el asunto se encuentra sub iúdice, es decir, sujeto a revisión por la Corte. En caso contrario, advirtió, sería grave que no se hubiera ejercido ese derecho procesal pese a manifestar inconformidad pública.
“Si no se combatió y pasó el término, entonces sí sería todavía más grave. Pero eso hay que investigarlo”, puntualizó.
En relación con los señalamientos del PAN sobre una presunta red de protección política hacia Javier Corral, Estrada rechazó esa interpretación y sostuvo que se trata de una narrativa partidista.
“¿Me ha visto que yo defienda la resolución? No la estoy defendiendo. Solo estoy diciendo que las resoluciones judiciales las determinan los tribunales y que existe un recurso para impugnarlas”, afirmó.
Subrayó que el debate debe centrarse en el ámbito jurídico y no en opiniones políticas. A su juicio, corresponde a la SCJN definir si el tribunal colegiado incurrió o no en un error de interpretación sobre las facultades y los conceptos involucrados.
“¿Resolvemos el asunto en el ámbito de las opiniones o conforme a lo que dice la Constitución y la ley?”, planteó.
El legislador insistió en que el tema es trascendente más allá de la confrontación política, ya que podría impactar en la delimitación de facultades de las auditorías y órganos fiscalizadores.
Por ello, manifestó que espera que la Fiscalía haya promovido el recurso correspondiente para que la Suprema Corte pueda fijar un criterio definitivo.
“Prefiero que la Corte se pronuncie en un tema que me parece trascendente, no para la grilla, sino para delimitar facultades”, concluyó.