Chihuahua, a 19 de agosto.— Tras la denuncia pública del comisario ejidal y el siríame de la comunidad de Yerbabuena, quienes señalaron que fueron “dejados plantados” en la entrega de apoyos, vacunación y trámites de registro civil para los menores de la zona, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, aseguró que el caso será revisado con las autoridades competentes.
El funcionario precisó que en la primera oportunidad hablará con el director del Registro Civil para verificar si efectivamente se incumplió con la visita programada y, de ser así, tomar las medidas necesarias.
“En caso de ser cierto, porque al final del día es una situación que se transmite de voz en voz, nosotros tomaremos las medidas que nos den la oportunidad de acercar este servicio. No solo es un servicio que presta el Estado, sino un derecho de todos los ciudadanos a contar con la documentación que acredite nuestra condición como mexicanos”, expresó De la Peña.
Respecto a la denuncia sobre la falta de vacunación, el secretario aclaró que esta tarea corresponde directamente a la Secretaría de Salud, encabezada por su titular, quien lidera la estrategia estatal en la materia y deberá dar respuesta a las peticiones de la comunidad.
En cuanto a la exigencia de mayor seguridad en la región, De la Peña informó que sostuvo una reunión con autoridades civiles y mandos militares de la SEDENA y la Guardia Nacional, con el objetivo de reforzar la cobertura y garantizar la tranquilidad en comunidades apartadas.
El secretario general destacó que el Ejército también participa en labores de salud, particularmente en las campañas de vacunación contra el sarampión, por lo que confió en que la atención llegará próximamente a Yerbabuena.
“El Ejército y además un ejército de personas están haciendo la vacunación y seguramente le llegará también a esta zona del estado esta acción de gobierno para prevenir que siga avanzando el tema del sarampión”, subrayó.
La comunidad de Yerbabuena espera que las autoridades cumplan con los compromisos pendientes y garanticen tanto la seguridad como el acceso efectivo a servicios básicos.
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