Chihuahua, a 19 de agosto.— La Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECH) responsabilizó públicamente a la Fiscalía General del Estado y a la gobernadora por omisión en el caso de Danna Angelina Muñoz Rayón, joven cuyo cuerpo fue localizado tras haber sido reportada como desaparecida.
En una publicación difundida en redes sociales, el colectivo señaló que desde la madrugada del sábado, cuando la familia interpuso la denuncia por desaparición, la Fiscalía Especializada tenía la obligación de actuar con la máxima diligencia para resguardar la vida e integridad de Danna. Sin embargo, acusan que la institución retrasó su actuación y desatendió señales claras que pudieron haber cambiado el desenlace.
AFECH refutó la versión oficial de que el domicilio donde fue hallado el cuerpo estaba abandonado. De acuerdo con testimonios de vecinos, durante todo el fin de semana se observó movimiento en la vivienda e incluso la mañana del domingo 17 de agosto una joven fue vista saliendo en pijama del lugar. Ante ello, las feministas señalaron que la negativa de la Fiscalía a realizar un cateo oportuno, pese a la denuncia de desaparición forzada, constituye omisión en el deber de protección e incluso negligencia institucional.
“La Fiscalía y el Gobierno del Estado eligieron no actuar, retrasando la búsqueda de Danna y desprotegiendo sus derechos más básicos. Esa negligencia no puede quedar impune”, enfatizó el colectivo en su pronunciamiento.
En respuesta, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, se deslindó de la responsabilidad del Ejecutivo estatal y aseguró que el tema compete directamente a la Fiscalía y al Poder Judicial. Aunque reconoció las críticas de AFECH, calificó sus señalamientos como una “apreciación”.
“Seguramente las medidas que se tomaron fueron porque la Fiscalía estimó que sería el momento procesal oportuno o bien se presentaron estas solicitudes ante el Poder Judicial cuando la institución estuvo lista para darle la suficiente contundencia legal a las acciones”, declaró De la Peña.
La postura del Gobierno no convenció a los colectivos feministas, quienes recalcaron que el caso de Danna es un nuevo ejemplo de cómo las instituciones fallan a las víctimas de violencia de género al privilegiar trámites burocráticos sobre la protección inmediata de la vida de las mujeres.
El caso ha generado indignación en la sociedad civil, que demanda responsabilidad política y judicial frente a lo que califican como una negligencia institucional inadmisible.