En 2018 multaron a Duarte con 1.5 mdp por represas, se viene posible juicio de amparo: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo esta semana un operativo de cumplimiento de resolución administrativa en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ubicado en el municipio de Balleza. Las acciones derivaron de un proceso legal iniciado desde 2016 por el uso y aprovechamiento irregular de recursos hídricos sin concesión.

Román Alcántar, delegado de Conagua en Chihuahua, explicó que durante el mandato del exgobernador se construyeron y remodelaron varias estructuras hidráulicas dentro del rancho, como presas, represas y perforaciones para el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, sin contar con los permisos correspondientes emitidos por la Comisión. Las obras fueron edificadas sobre el cauce de un arroyo tributario del río Las Agujas, parte de la cuenca del río Conchos, afluente del río Bravo, en una zona con alto estrés hídrico.

Una visita de inspección realizada en octubre de 2016 reveló cinco infraestructuras de mampostería dentro de la zona federal del arroyo “El Saucito”, sin documentación que acreditara su legalidad. Posteriormente, el 12 de marzo de 2018, Conagua emitió una resolución sancionadora que incluyó una multa por aproximadamente 1.5 millones de pesos, la clausura de aprovechamientos y la instrucción para demoler cinco obras hidráulicas.

El exgobernador interpuso diversos recursos legales, incluyendo un juicio de nulidad y un juicio de amparo, los cuales fueron resueltos en contra de sus intereses, ratificando la validez de las sanciones. Fue hasta el 26 de mayo de 2025 que se notificó formalmente el acuerdo de ejecución de la resolución.

El 27 de mayo, Conagua procedió con la clausura de un aprovechamiento superficial y uno subterráneo, la demolición de un muro de contención y el desfogue de represas. No obstante, ese mismo día, a las 17:52 horas, se recibió una notificación desde oficinas centrales sobre un posible juicio de amparo promovido por terceros, por lo que se ordenó la suspensión temporal de la ejecución.

Alcántar subrayó que las acciones realizadas buscan restablecer el flujo natural del agua y mitigar los efectos de la sequía en la región, así como frenar extracciones ilegales que alteran el equilibrio hidrológico. Añadió que no se trata de una simple falta administrativa, sino de una conducta con consecuencias negativas para la sociedad, al impedir una distribución justa del recurso.

Finalmente, el funcionario reiteró que la ejecución de las sanciones es un acto legal fundamentado, precedido por procedimientos que garantizaron el derecho de audiencia y defensa del sancionado. Enfatizó que el Estado debe actuar para proteger el derecho humano al agua, asegurar su uso sustentable y evitar su acaparamiento.

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