Chihuahua, a 28 de mayo— A través de un comunicado el abogado y representante legal del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, Lic. Juan Carlos Mendoza Luján, expresó su rechazo a los señalamientos derivados de un operativo ejecutado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el rancho El Saucito, en el municipio de Balleza.
En el comunicado, Mendoza Luján afirmó haber sido notificado el pasado lunes 26 de mayo por personal de Conagua sobre una orden de ejecución de un mandato administrativo dentro de las inmediaciones del rancho, propiedad de Duarte. Sin embargo, aseguró que ni su cliente ni ningún representante legal tiene posesión de dicho predio, al estar —según dijo— «ilegalmente asegurado».
El abogado indicó que la irrupción en la propiedad se realizó en la madrugada del martes y habría sido guiada por elementos de la Fiscalía General del Estado, sin contar con el permiso correspondiente. Esta acción, denunció, ocurrió a pesar de que se había concedido una suspensión provisional mediante un amparo promovido —según él— por ejidatarios vecinos y comunidades indígenas que utilizan las aguas del rancho para consumo humano y ganadero.
Asimismo, Mendoza Luján criticó la exposición realizada en la conferencia matutina de la presidenta de la República, donde se presentaron imágenes del operativo, al señalar que la estructura mostrada era únicamente una barda de mampostería rústica de no más de 1.20 metros de altura, con más de 40 años de antigüedad. «Es absolutamente imposible que pudiera retener los 700 mil metros cúbicos de agua que se han mencionado, lo cual equivale a una décima parte de la capacidad de la presa El Rejón», aseguró el litigante.
El abogado enfatizó que dicha estructura se encuentra regulada por la ley y negó que representara un acto ilegal de acaparamiento de agua, como fue señalado públicamente. También lamentó lo que calificó como una «desinformación» presentada ante la opinión pública y dirigida a la propia presidenta de la República.
El pronunciamiento concluyó con un agradecimiento a quienes, en palabras del abogado, han brindado atención y confianza ante lo que considera un atropello a los derechos tanto de su cliente como de las comunidades locales afectadas por la intervención.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni Conagua han emitido una postura oficial en respuesta a estas declaraciones.