México encabeza solicitudes de la ONU por desapariciones forzadas: supera a Irak, Colombia y Cuba

Ciudad de México. a 8 de abril — México se encuentra a la cabeza a nivel mundial en solicitudes de acciones urgentes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas, con 681 peticiones registradas hasta septiembre de 2024, por encima de países como Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193).

Este tipo de solicitudes representan un llamado del organismo internacional para que los Estados adopten de manera inmediata medidas para localizar y proteger a personas desaparecidas e iniciar investigaciones formales sobre su paradero. El número creciente de estas acciones en México revela, según organizaciones civiles y especialistas, una crisis sistemática de desapariciones y de impunidad que no ha logrado ser contenida.

Una crisis visible y sin respuesta eficaz

El activista Michael Chamberlin, exmiembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que el uso de estas acciones urgentes suele representar el último recurso para familias que han agotado todas las vías internas sin recibir respuestas.

“Entre más acciones urgentes se solicitan, menos urgente parece la reacción del gobierno mexicano”, advirtió, y destacó que el CED activó recientemente el artículo 34, un procedimiento inédito que podría llevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU por considerar que las desapariciones en el país son sistemáticas y generalizadas.

Dos sexenios, cifras similares

Según el informe, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 349 acciones urgentes, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sumaron 332.

Aunque las cifras son similares, académicos y organizaciones coinciden en que el último año del gobierno de López Obrador representó un retroceso en los mecanismos institucionales de búsqueda, como lo explicó Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

“El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense se cerró; el Centro de Identificación Humana se redujo en 70% de su capacidad y prácticamente quedó vacío. Esto refleja una falta de voluntad institucional”, aseguró.

Fallas estructurales y nula rendición de cuentas

El CED ha recibido numerosas denuncias de obstáculos en los procesos de búsqueda e investigación, incluyendo la participación de agentes del Estado en acciones que impiden el acceso a la verdad, según su último reporte.

“La desaparición de personas constituye una de las problemáticas más graves que enfrenta México en materia de derechos humanos. Es una práctica criminal arraigada desde hace décadas, marcada por la impunidad, la omisión del Estado y el riesgo permanente para quienes exigen justicia”, cita el informe.

Para Sandra Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el hecho de que México tenga 681 acciones urgentes solicitadas no significa que todas estén siendo atendidas adecuadamente. “Aún con esa cifra, son pocas comparadas con las más de 126 mil personas desaparecidas en el país. Es una crisis monumental”.

Segob niega participación del Estado en desapariciones

Pese al diagnóstico internacional y las cifras, la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, negó que en México se cometan desapariciones forzadas por parte del Estado. Ayer, durante un diálogo con el colectivo Buscadores Unidos de Jalisco, la funcionaria federal reafirmó el compromiso del gobierno en materia de búsqueda de personas.

Sin embargo, expertos consideran que mientras no exista un reconocimiento claro y honesto de la magnitud del problema, no será posible diseñar estrategias efectivas.

“Mientras el Estado no acepte que está rebasado, no podremos sentarnos a replantear la política de búsqueda e identificación con todos los sectores”, enfatizó Horcasitas.

Llamado internacional

El Comité contra las Desapariciones de la ONU ha advertido que las acciones urgentes no son suficientes por sí solas y que México debe asumir cambios profundos en sus estructuras judiciales y de seguridad. El procedimiento activado bajo el artículo 34 marca una nueva etapa que podría derivar en un pronunciamiento formal de la Asamblea General, en caso de que no se corrijan las omisiones actuales.

La crisis de desapariciones en México, aseguran expertos, ya no puede considerarse un fenómeno aislado o coyuntural: es un patrón sistemático que requiere respuestas urgentes, eficaces y con enfoque de derechos humanos.

Leave a Comment