
Ciudad de México a 8 de abril. — En lugar de asumir la gravedad de la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta México, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, optó por acusar al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de actuar por motivaciones políticas e ideológicas, desestimando los señalamientos como un ataque a los gobiernos “progresistas”.
La exsecretaria de Gobernación, quien ha ocupado cargos clave en el actual régimen, reaccionó de forma evasiva ante las medidas cautelares emitidas por el CED, negando que el Estado mexicano cometa desapariciones forzadas y asegurando que desde 2018 “no se violan los derechos humanos” ni se tolera la impunidad, declaraciones que contrastan abiertamente con la realidad documentada por organismos nacionales e internacionales.
Acusaciones en lugar de autocrítica
Lejos de ofrecer una explicación sobre por qué México encabeza el número de acciones urgentes solicitadas a nivel global —681, por encima de Irak y Colombia—, Alcalde desvió la atención con un discurso político, culpando a la ONU de tener “una orientación ideológica” contraria al actual gobierno.
Este tipo de respuestas, sin datos ni argumentos sólidos, resultan preocupantes frente a una crisis humanitaria con más de 126 mil personas desaparecidas. En vez de hacer un ejercicio de autocrítica y reconocer que la estrategia ha sido insuficiente, la dirigencia de Morena opta por descalificar a las voces internacionales que piden rendición de cuentas.
Discurso repetido: culpar sin resolver
Alcalde intentó justificar la postura del gobierno asegurando que se han desplegado “como nunca” estrategias de búsqueda y combate a la impunidad. Sin embargo, especialistas y organizaciones denuncian que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desmantelaron estructuras claves, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y se redujo la capacidad del Centro de Identificación Humana.
Además, las recientes iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso no han sido detalladas, y hasta ahora no representan un cambio de fondo en la atención a las familias víctimas de desaparición.
Desconexión con la realidad
Mientras la ONU señala que en México las desapariciones son sistemáticas y generalizadas, Luisa Alcalde insiste en negar lo evidente. Su declaración, en la que afirma que el Estado no desaparece personas, parece más una defensa partidista que una posición de responsabilidad ante una tragedia nacional.
Expertos en derechos humanos han señalado que la postura de la morenista refleja una desconexión profunda con la realidad del país y una falta de voluntad política para reconocer errores y corregir el rumbo.
Victimización oficial
El intento de Alcalde por victimizar al gobierno federal frente a la ONU no hace más que profundizar la percepción de que el Estado mexicano prefiere proteger su imagen política que atender el dolor de miles de familias.
En lugar de ver en las medidas de la ONU una oportunidad para mejorar y fortalecer las instituciones, la respuesta oficial ha sido la confrontación, la negación y la retórica ideologizada.
En un país donde cada día desaparecen personas y donde las familias siguen escarbando la tierra con sus propias manos, negar la crisis y culpar a otros es una afrenta inaceptable. Lo mínimo que se esperaría de una dirigente nacional es responsabilidad, empatía y compromiso con la verdad, no descalificaciones infundadas.
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