Chihuahua, Chih. — Tras la jornada de trabajo de la Misión Civil de Observación sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chihuahua y la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, las comunidades desplazadas de la Sierra de Chihuahua y las organizaciones que las acompañan emitieron un balance en el que mantienen la esperanza de que la colaboración internacional contribuya a otorgar a las víctimas dignidad, justicia y memoria.
Durante décadas, las organizaciones civiles han documentado el DFI y acompañado a sus víctimas, principalmente pueblos y comunidades indígenas, quienes no solo han sufrido el trauma del desplazamiento, sino el despojo de sus territorios ancestrales, bienes naturales comunitarios y la posibilidad de ejercer con libertad su identidad cultural y medios de vida. “La resistencia y la valentía de las comunidades han sido el ejemplo a seguir”, señalan, al destacar que han resistido la violencia estructural, la invisibilización, la negación oficialista, la criminalización y el desprecio por sus vidas.
La visita de la Plataforma, que incluyó comunidades alejadas como Baborigame y la cabecera de Guadalupe y Calvo, dos comunidades donde la autoridad es manejada por la alcaldesa Ana Laura González Ábrego, emanada de Morena, constantemente denostada por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las organizaciones reconocen y agradecen el esfuerzo de la comitiva internacional, encabezada por la eurodiputada Diana Riba i Giner, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo, y confían en que eleve el nivel de discusión, visibilice el trabajo de defensa y abra posibilidades de colaboración.
Aunque los tres niveles de gobierno han otorgado respuestas urgentes y atención humanitaria, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente en condiciones dignas de vida, justicia y reparación del daño. “No basta que se contabilicen las atenciones si no hay una estructura política y económica (leyes y presupuestos públicos) adecuada”, advierten. El Estado carece de planes a mediano y largo plazo que incluyan un censo confiable, recursos específicos, atención diferenciada, pacificación, investigaciones penales, restitución de tierras y regreso seguro.
Ante el panorama electoral, la Misión reitera que la exposición mediática selectiva no es suficiente y exige acciones afirmativas integrales que consideren el plan de vida de las personas afectadas. Algunas familias llevan más de diez años defendiendo sus derechos ante gobiernos de distintos partidos. “Una persona desplazada no deja de serlo hasta que se encuentren soluciones duraderas”, recuerdan, de acuerdo con el marco internacional.
Las organizaciones señalan que el Estado mexicano debe actuar para defender la vida, la seguridad y la dignidad de toda la población, como lo dicta la Constitución; que la atención a las personas desplazadas no debe ser condicionada por pugnas políticas ni convertirse en botín electoral; y que la seguridad y pacificación de los territorios debe ser tema central de forma urgente y a largo plazo.
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea está integrada por 16 organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Red TDT, Brigadas Internacionales de Paz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Taula per Mèxic, entre otras. Las comunidades y organizaciones se congratulan de que la presencia de Riba i Giner sea resultado de años de resistencia y denuncia.