Chihuahua, Chih.— La crisis de desabasto de agua potable en la cabecera municipal de Bocoyna tiene su origen en el abandono histórico del acueducto de la presa Sitúrachi desde 2018 a causa del “huachicoleo” de agua y la falta de pago, pero su solución definitiva depende de una inversión federal de 600 millones de pesos que quedó inconclusa desde la administración pasada, señaló el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco.
En rueda de prensa, el funcionario aclaró en primer término el marco legal que rige el servicio en la entidad: mientras el Gobierno del Estado opera el agua en 32 municipios y 17 juntas rurales —entre ellas Creel y San Juanito, dentro del municipio de Bocoyna, donde este año se invirtieron 16 millones de pesos—, la prestación del servicio en la cabecera municipal de Bocoyna es responsabilidad directa de la Presidencia Municipal, conforme al artículo 115 constitucional.
De la presa Sitúrachi al colapso del acueducto
Al hacer un recuento técnico e histórico, Mata Carrasco explicó que la presa Sitúrachi fue construida específicamente para uso público urbano con una planta potabilizadora de primer nivel y cuatro equipos de bombeo que suministraban más de 100 litros por segundo a Bocoyna, Creel, San Juanito y comunidades aledañas.
Sin embargo, el sistema colapsó entre 2017 y 2018 debido a la falta de pago por parte de los habitantes, la ausencia de inspección y la proliferación de tomas clandestinas (huachicoleo) a lo largo del trayecto:
- Pérdida en la conducción: La Junta Rural de Creel pagaba la operación de 50 litros por segundo, pero solo recibía entre 16 y 18 litros; el resto se quedaba en Bocoyna y en conexiones irregulares.
- Abandono de infraestructura: Ante el costo insostenible, Creel dejó de operar ese acueducto en 2018 para abastecerse mediante pozos. Actualmente, de los cuatro equipos de bombeo solo funciona uno, y únicamente San Juanito aprovecha 50 litros por segundo debido a su cercanía (a unos 1,500 metros de la presa) y a que cubre sus propios gastos de mantenimiento.
Obra federal pendiente y soluciones a corto plazo
El titular de la JCAS subrayó que existe un proyecto ejecutivo —con registro ante la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Recursos Hidráulicos— para rehabilitar la planta potabilizadora, el cárcamo de rebombeo y construir un nuevo acueducto de acero paralelo a la carretera que evite el robo de agua.
“Fue una promesa presidencial del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo varias veces y nunca se llevó a cabo teniendo ya un número en Hacienda. Rehabilitar el rebombeo, la potabilizadora y el acueducto son aproximadamente 600 millones de pesos; falta nada más la voluntad y elevar este problema ante Conagua y Hacienda”, puntualizó.
Mientras se gestionan estos recursos federales para garantizar la viabilidad hídrica futura de Creel, San Juanito y Bocoyna, el funcionario detalló que, de manera conjunta con el municipio, se perfora actualmente un nuevo pozo (que registra un avance de 60 de 320 metros de profundidad), además de proyectar su equipamiento, una línea de conducción y la construcción de una pila de almacenamiento de 100 mil litros. Estas obras paliativas concluirían antes de finalizar la actual administración estatal (entre septiembre y octubre del próximo año).
Finalmente, cuestionado sobre posibles denuncias penales por las tomas clandestinas que deterioraron el sistema, Mata Carrasco descartó iniciar procesos legales al señalar que se trata de hechos ocurridos hace varios años en un tramo del acueducto que dejó de operar desde 2018 y por el cual ya no circula agua hacia Bocoyna.