Chihuahua, Chih. — Integrantes de diversas asociaciones de personas con discapacidad se manifestaron este jueves frente a Palacio de Gobierno y posteriormente ingresaron a las instalaciones para entregar un pliego petitorio en el que exigen a la gobernadora María Eugenia Campos Galván la firma del convenio con el gobierno federal para que, a través de Bienestar, se entregue la pensión universal y constitucional a las personas con discapacidad de 30 a 64 años en todo el estado.
Los manifestantes aseguraron que su protesta no tiene tintes políticos ni mediáticos, sino que responde a una exigencia histórica. “Históricamente hemos sido invisibilizados y no hemos tenido prioridades. Personalmente sé que a mí me puede mucho y sé que a todos mis compañeros les puede igual, que nos pongan en un nivel abajo que las mascotas, que los perritos. Les dan más, les tienen más derecho, tienen más recursos porque son más mediáticos”, señalaron.
Representantes de las organizaciones, entre ellos Laura Fuentes Aldape, de la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua y quien fue candidata a diputada en el distrito 17 local por Morena; Aurelio Duarte Ramírez, del grupo de personas con discapacidad, y otros integrantes, indicaron que ya agotaron todos los recursos legales. “Hemos presentado no uno, varios amparos ante la judicatura federal y la señora gobernadora se nos pasa por el arco del triunfo todos los amparos. No nos queda otra lucha más que esta de manifestarnos para que la sociedad se dé cuenta”, afirmaron.
Recordaron que el 27 de octubre de este año el Congreso del Estado aprobó un exhorto —con el voto a favor de diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios— en el que se pide a la gobernadora firmar el convenio. “Lo tiene calientito en su escritorio. Venimos a entregar un pliego petitorio apoyando ese exhorto y exigiendo la firma”, dijeron.
Los inconformes rechazaron de manera categórica una iniciativa de la diputada Rosana Díaz que, según explicaron, planteaba que Bienestar pagara la mitad de la pensión y soslayaba la responsabilidad de la gobernadora. Indicaron que se presentaron en el pleno del Congreso para defender su derecho y que la legisladora terminó por no subir el exhorto. “Cómo es posible que históricamente esa firma nos debe los apoyos necesarios. Las personas con discapacidad somos mucho más que una despensa”, señalaron.
De acuerdo con los manifestantes, para el próximo año se requieren alrededor de 600 millones de pesos para cubrir la beca universal, mientras que este año solo se destinaron 30 millones, con los que se otorgan apoyos selectivos de 5 mil, 8 mil o 13 mil pesos previos estudios socioeconómicos. Afirmaron que unas 56 mil personas en el estado (de un total aproximado de 150 mil) están descubiertas, lo que representa cerca de una tercera parte sin protección.
Advirtieron que, en caso de negativa a firmar el convenio, continuarán con manifestaciones, escritos y presión social y mediática. “Es increíble esta discriminación. Personas tan vulneradas como nosotros tengamos que estar buscando manifestarnos y venir con muchos esfuerzos para que se nos escuche”, concluyeron.