El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que no existen elementos suficientes para que el Gobierno del Estado fije una postura institucional respecto a los señalamientos del exfiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tenía conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.
Lo anterior, luego de que The New York Times publicara una investigación sobre las operaciones de la agencia estadounidense en territorio chihuahuense y diera a conocer que Zuany habría señalado, mediante mensajes de texto, que la mandataria estatal estaba enterada de dichas actividades.
Al ser cuestionado sobre estas declaraciones, De la Peña Grajeda sostuvo que se trata de afirmaciones que no han sido presentadas formalmente ante una autoridad judicial, por lo que consideró irresponsable emitir una posición oficial.
“Yo creo que no debe haber una postura del Gobierno del Estado respecto de los dichos, porque son solo eso, dichos”, expresó.
El funcionario explicó que, hasta donde conoce, la publicación hace referencia a un intercambio de mensajes de texto y no a una declaración rendida dentro de un procedimiento judicial.
“Entiendo que la nota refiere que hubo un contacto a través de mensajes de texto. Entonces no hay una declaración, no se trata de un procedimiento formal”, señaló.
Asimismo, reconoció que no había tenido oportunidad de revisar a detalle la investigación del periódico estadounidense, por lo que insistió en la necesidad de contar con información verificable antes de pronunciarse institucionalmente.
De la Peña Grajeda manifestó que sería equivocado establecer una postura oficial con base en afirmaciones cuyo origen y alcance no han sido confirmados mediante un procedimiento formal.
“Sería una irresponsabilidad fijar la posición institucional de Gobierno sobre algo que no forma parte de una declaración judicial o no tenemos certeza del origen de este dato”, puntualizó.
Finalmente, el secretario general de Gobierno reiteró que, por el momento, no considera necesario emitir mayores comentarios sobre los señalamientos del exfuncionario, mientras no existan elementos formales que permitan establecer una posición institucional.