Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026. — La organización SOMOS presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro Sánchez y doce gobernadoras y gobernadores de Morena, por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional derivadas del uso de conferencias oficiales, recursos públicos y plataformas institucionales para desacreditar a La Fuerza que Nos Une e intervenir en la competencia electoral rumbo a 2027.
La denuncia también incluye al partido Morena y a quienes resulten responsables por presunta calumnia electoral, conforme al artículo 41 constitucional, ante la difusión de señalamientos que vinculan a SOMOS con una supuesta estructura de corrupción en el INE, sin que se haya acreditado la responsabilidad de la organización en los hechos investigados.
“No pueden meterse a las elecciones. Saquen las manos de las elecciones”, demandó Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS ante el Consejo General del INE. Advirtió que no permitirán que las autoridades normalicen conductas contrarias a la Constitución ni que el poder público se convierta en un instrumento de confrontación contra las fuerzas de oposición. “No vamos a permitir la normalización de la violación sistemática de la Constitución. No vamos a permitir la construcción de procesos ilegales”, afirmó.
Carlos Alberto Ferrer Silva, director Jurídico de SOMOS, explicó que la denuncia documenta declaraciones de la presidenta Sheinbaum durante las conferencias matutinas del 5, 6 y 9 de noviembre, así como su posterior reproducción y amplificación por autoridades estatales y la dirigencia de Morena. Recordó que el artículo 134 obliga a las personas servidoras públicas a preservar la imparcialidad y a no utilizar los recursos bajo su responsabilidad para afectar la equidad electoral.
SOMOS solicitó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictar medidas cautelares y de tutela preventiva para impedir que continúe la difusión de imputaciones que, a su juicio, buscan presentar a la organización como parte de una presunta red de corrupción. La petición incluye que las personas denunciadas se abstengan de reiterar falsas acusaciones desde conferencias, cuentas oficiales y otros canales institucionales, además de investigar las circunstancias en que se produjeron y difundieron los mensajes.
La organización rechazó los intentos de responsabilizar a sus integrantes por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y proveedores del INE a partir de sus antecedentes profesionales. “La corrupción del presente no puede resolverse culpando al pasado”, sostuvo, al rechazar desviar la atención de las presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei hacia antiguos funcionarios electorales.
Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE e integrante de SOMOS, defendió el derecho de quienes trabajaron en las instituciones electorales a participar posteriormente en la vida política. “Es nuestro derecho como ciudadanos pronunciarnos políticamente. Trabajamos por la construcción de la democracia en este país”, expresó, y rechazó señalamientos sobre su trayectoria al señalar que los procedimientos administrativos de las gestiones en las que participó fueron objeto de auditorías.
SOMOS advirtió sobre el deterioro de la confianza en el árbitro electoral y llamó a la Cámara de Diputados a garantizar que la designación de quien encabece la Presidencia del INE responda a criterios de independencia, honestidad, trayectoria y consenso. Susana Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales, recordó que la presidenta tiene la obligación de representar a toda la ciudadanía. “Usted es la Presidenta de todos los mexicanos y es la presidenta también de todos nosotros. Le exigimos que no sea parte de este proceso electoral, que saque las manos del proceso”, expresó.
La organización advirtió que esta denuncia es apenas la primera de una serie de acciones jurídicas, políticas y sociales que emprenderá para impedir la intervención del poder público en las elecciones de 2027, y reiteró que no permitirá que se normalicen las violaciones a la Constitución ni que las instituciones del Estado sean utilizadas para perseguir o desacreditar a la oposición.