POR HORUS|La Columna
Vaya que llegó con el pecho inflado Rafael Loera Talamantes a Palacio de Gobierno. El aspirante panista a la alcaldía de Chihuahua acudió al llamado de la gobernadora Maru Campos, pero antes de entrar ya había dejado claro que, desde su particular perspectiva, no necesita demasiadas presentaciones: él es el mejor perfil del PAN para competir por la Presidencia Municipal.
¡Vaya modestia!
En su encuentro previo con los medios, Loera dejó ver que, para él, la candidatura prácticamente tiene nombre y apellido. Aseguró que la reunión con la mandataria no significaba negociar sus aspiraciones, pues él sigue haciendo su tarea, reuniéndose con grupos ciudadanos y sintiendo, según dijo, el respaldo de distintos sectores.
Dicho de otra manera: llegó a Palacio, pero aparentemente no a pedir línea, ni a recibir consejos, mucho menos a reconsiderar sus pretensiones. ¡Qué tal!
Y es que cuando un aspirante comienza a proclamarse como el mejor antes de que el partido siquiera abra formalmente la competencia, convendría recordar que las candidaturas no se entregan por autoconvencimiento. Una cosa es levantar la mano y otra muy distinta conseguir que los demás también la levanten.
Sobre su salida de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, donde se solicitó su «renuncia voluntaria», también tuvo respuesta preparada. Respecto a las presuntas irregularidades que se han mencionado durante su gestión, sostuvo que, de existir, ya se habrían presentado las denuncias correspondientes y que los plazos para hacerlo habían vencido.
Una explicación que, desde luego, no sustituye una revisión documental ni equivale a una resolución de autoridad. Pero, al menos, deja claro que el tema no le resulta precisamente cómodo.
Tampoco quiso saber mucho de alianzas electorales. Según Loera, Acción Nacional puede enfrentar solo la contienda de 2027. ¡Ah, caray! Parece que además de sentirse el candidato ideal, también considera que el PAN tiene suficiente músculo para prescindir de cualquier compañero de viaje.
Habrá que preguntarle a los estrategas del partido si comparten semejante entusiasmo.
Otro asunto que salió a relucir fue su amistad con Sahir Rentería, personaje que públicamente ha mostrado simpatías por el movimiento morenista. Loera reconoció que son amigos, aunque aclaró que no comparten ideología.
Y aquí es donde la política comienza a ponerse interesante.
Porque esa relación ha alimentado versiones sobre un eventual cambio de partido en caso de que el PAN no lo favorezca con la candidatura. Incluso han circulado señalamientos sobre posibles movimientos de inconformes panistas que podrían terminar favoreciendo una división interna de cara a 2027.
Por supuesto, son versiones y señalamientos que tendrían que acreditarse, no hechos demostrados. Pero en política, cuando las amistades, las aspiraciones y los intereses electorales se cruzan, las suspicacias no tardan en aparecer.
Lo curioso fue que, al salir de la reunión con Maru Campos, Rafa mantuvo prácticamente el mismo discurso, aunque ya sin la efusividad con la que había llegado. Como que alguien le recordó que una cosa es sentirse candidato y otra que el partido, la gobernadora y los panistas hayan tomado esa decisión.
No hubo cambio de postura, pero sí pareció bajar un poco el volumen de la seguridad con la que había entrado.
Por lo pronto, Loera sigue en campaña de autopromoción, mientras en Acción Nacional tendrán que resolver si su futuro municipal se construye con consensos o con aspiraciones personales que, de momento, parecen ir varios pasos adelante de los acuerdos partidistas.
DESPLAZAMIENTO FORZADO: CHIHUAHUA PONE LOS NÚMEROS SOBRE LA MESA, PERO EUROPA PIDE ALGO MÁS QUE BUENAS INTENCIONES
Y mientras en Palacio se desarrollaba la novela de las aspiraciones panistas, otro asunto de mucha mayor gravedad ocupaba la agenda estatal: el desplazamiento forzado de familias, principalmente de comunidades de la Sierra Tarahumara, que han tenido que abandonar sus hogares ante la violencia y el control territorial que ejerce el crimen organizado.
Representantes del Parlamento Europeo y de la V Misión Internacional de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos sostuvieron un encuentro con autoridades estatales y organizaciones civiles para revisar una problemática que lleva años golpeando a distintas comunidades chihuahuenses y en general de todo México.
Aquí no hay candidaturas que presumir ni encuestas que celebrar. Hay familias que han perdido sus casas, tierras, pertenencias y proyectos de vida porque la violencia les arrebató hasta la posibilidad de permanecer en sus comunidades.
Durante la reunión, la presidenta de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Sahara Cárdenas, informó que el Gobierno estatal ha brindado más de cinco mil atenciones de primer contacto a personas que han manifestado encontrarse en una situación de desplazamiento emergente.
La funcionaria hizo una precisión importante: esas cifras no constituyen un registro oficial de personas desplazadas, sino que corresponden a los servicios proporcionados por la Comisión a quienes han solicitado ayuda.
Al incorporar las acciones de seguimiento, el número aproximado alcanza los diez mil apoyos, pues una misma familia puede recibir atención en diferentes momentos, dependiendo de sus necesidades.
La asistencia incluye alimentación, alojamiento temporal, servicios de salud, educación, higiene, asesoría jurídica, documentación, vinculación laboral y acompañamiento psicológico y social.
Las principales localidades de origen identificadas son Guadalupe y Calvo, Moris, Uruachi y Madera, mientras que entre los municipios receptores destacan Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Chihuahua capital.
El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, aseguró que las autoridades atienden los reportes conforme son recibidos y que continuarán las mesas de trabajo con organismos nacionales e internacionales.
Sin embargo, los visitantes europeos llegaron con una agenda que va más allá.
La eurodiputada Diana Riba puso el dedo sobre la yaga: detrás de cada cifra hay personas con historias dolorosas y, sin información transparente, resulta complicado diseñar políticas públicas que realmente atiendan las causas y consecuencias del desplazamiento.
También señaló que el problema tiene raíces estructurales: violencia del crimen organizado, impunidad, disputas por el control territorial y conflictos relacionados con los recursos naturales, claro este flagelo cuya responsabilidad es del Estado Mexicano.
Incluso hizo un llamado a las empresas extranjeras, particularmente europeas y canadienses, para que asuman su responsabilidad en el respeto a los derechos humanos cuando invierten en actividades como la minería y la explotación forestal.
Por su parte, Mariana Villareal, coordinadora de emergencias de la Red TDT, advirtió sobre las deficiencias de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, situación que termina afectando el acceso de las familias desplazadas a vivienda, salud, educación y empleo.
Y aquí viene lo interesante: las organizaciones internacionales no se conformaron con escuchar cifras ni recibir explicaciones. Pusieron sobre la mesa cuatro exigencias concretas.
La primera, elaborar un censo transparente y detallado que permita conocer la verdadera dimensión del fenómeno. La segunda, establecer una mesa intergubernamental en la que participen autoridades municipales, estatales y federales, además de organizaciones civiles.
La tercera fue quizá una de las más importantes: construir un Plan Integral de Atención con presupuesto específico para 2027, de manera que los desplazados no tengan que competir por recursos con otros grupos vulnerables.
Y la cuarta, atender las causas de fondo mediante acciones de pacificación, prevención, fortalecimiento de servicios públicos y garantías para que quienes deseen regresar puedan hacerlo en condiciones de seguridad y dignidad.
Porque sirve entregar apoyos de emergencia a las familias desplazadas pero si no pueden volver a sus comunidades, recuperar sus tierras o reconstruir su vida son aspirinas para el cáncer.
Hay que reconocer que la atención humanitaria inmediata es indispensable y que las cifras presentadas por el Gobierno estatal reflejan un trabajo institucional que merece reconocimiento. Pero también es necesario que la federación atienda el problema de raíz; la lucha contra los cárteles de la droga y en general el crimen organizado se hace indispensable, distinguir entre atender las consecuencias y resolver el problema que las provoca.
Y ahí aparece el gran pendiente: la seguridad en los territorios.
Las familias desplazadas no pueden quedarse atrapadas en el eterno juego de las competencias institucionales, donde cada autoridad señala hacia arriba, hacia abajo o hacia otro escritorio, mientras los afectados siguen sin poder regresar a casa.