Chihuahua, Chih. — Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron el cierre de edificios y un paro de labores en diversas sedes del país, entre ellas Chihuahua, en rechazo a un acuerdo general publicado por el Órgano de Administración Judicial que establece evaluaciones al personal de carrera judicial, bajo el temor de que se utilice para una purga o ceses injustificados.
Desde el interior de las instalaciones de los juzgados federales en la ciudad de Chihuahua, Joaquín Soberanes Jiménez, oficial judicial del tercero civil, quien participó en la protesta, explicó que no se oponen a las evaluaciones cuando tienen el propósito de mejorar la calidad del servicio que se brinda a los justiciables. “Lo que estamos protestando es que pretendan utilizar criterios poco claros, faltos de certeza, oscuros e imprecisos para pretender disfrazar una purga y un eventual cese masivo del personal de carrera y de base que ya ganó su base y sus derechos adquiridos mediante exámenes”, señaló.
De acuerdo con la información de los trabajadores, el acuerdo contempla un 40 por ciento de criterios objetivos de conocimientos y un 60 por ciento de criterios subjetivos, es decir, relacionados con la relación que los empleados mantienen con sus compañeros o superiores. “No es justo que por hacer una broma o por cualquier mala fe nos quieran purgar a todos, aunque sepamos mucho y estemos preparados, solo porque no le caímos bien al jefe”, advirtió el trabajador.
El paro, que por el momento se contempla como indefinido, cuenta con el respaldo del sindicato de renovación. Hasta el momento se estima la participación de más de 800 compañeros a nivel nacional. Chihuahua se convirtió en la sede número 30 en cerrar el edificio, después de que sedes como Prisma, Durango, Guerrero y Morelos ya habían levantado protestas similares.
Los trabajadores recordaron que, conforme al sistema de carrera judicial, para adquirir la base se requiere aprobar evaluaciones de ingreso al cargo (oficial, secretario u otros) y posteriormente cumplir seis meses ininterrumpidos en el puesto. Sostienen que el nuevo acuerdo podría utilizar las evaluaciones como justificación para un eventual cese masivo sin responsabilidad para el Poder Judicial.
El cierre de las instalaciones busca hacer visible la inconformidad ante la Ciudad de México y el Órgano de Administración Judicial, y exigir que cualquier proceso de evaluación se realice con criterios claros, objetivos y que respeten los derechos adquiridos del personal de carrera y de base.