Ciudad Juárez, Chih., 6 de noviembre de 2026. — Mil 93 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violación y abuso sexual en Ciudad Juárez durante 2025, de acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025 del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). De ese total, 564 casos correspondieron a violación y 529 a abuso sexual, lo que equivale a casi tres menores agredidos cada día.
Ante estas cifras, la diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, exigió la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, con presupuesto propio, personal exclusivo y capacidad técnica para investigar desde la primera denuncia.
Los datos del IMIP muestran un incremento del 9.5 por ciento en las víctimas menores de violación respecto a 2024, cuando se registraron 515 casos. La violencia contra la infancia no se limita a los delitos sexuales: el mismo estudio documentó 2 mil 365 víctimas menores de edad en cinco categorías (violencia familiar, violación, abuso sexual, omisión de cuidados y maltrato infantil). De ellas, mil 588 fueron niñas (67.1 por ciento) y mil 315 tenían entre cero y 11 años.
A este panorama se suman 483 carpetas de investigación por violación iniciadas en Ciudad Juárez entre enero y septiembre de 2026, según información de incidencia delictiva. Aunque esta cifra incluye víctimas de todas las edades, colocó a la frontera en el primer lugar nacional por número de investigaciones iniciadas por ese delito, con un promedio cercano a 1.8 carpetas diarias.
Pérez Reyes subrayó que investigar agresiones contra bebés y niños pequeños exige procedimientos especializados. “No basta con recibir una denuncia y abrir una carpeta; se requiere personal capacitado para obtener testimonios adecuados a su edad, preservar pruebas médicas y documentales, actuar oportunamente y evitar que las víctimas tengan que repetir una y otra vez lo que vivieron”, señaló.
La propuesta contempla equipos exclusivos de ministerios públicos, policías, psicólogos y médicos, cobertura estatal y una sede fortalecida en Ciudad Juárez, además de mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer el avance de las investigaciones y los tiempos de respuesta, con protección a la identidad de las víctimas.
La legisladora advirtió que la procuración de justicia no puede depender de la insistencia de las madres ni de los recursos de las familias. “Una madre no debería convertirse en investigadora para conseguir justicia para su hija o hijo. Investigar y garantizar justicia es responsabilidad del Estado”, afirmó.
La creación de esta fiscalía, insistió, debe traducirse en presupuesto suficiente, personal preparado, atención psicológica y médica, medidas de protección y resultados verificables, de manera que ninguna denuncia quede abandonada.