CHIHUAHUA, Chih. — En las últimas semanas, la capital del estado ha sido escenario de una serie de actos vandálicos dirigidos de manera sistemática contra la publicidad exterior de diversos perfiles políticos. La destrucción de espectaculares y lonas que promueven a aspirantes como el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el exfiscal César Jáuregui; y el diputado local Carlos Olson San Vicente, ha generado sospechas sobre un operativo enfocado en desgastar a un grupo específico de contendientes.
El descontento y las sospechas de un trasfondo político aumentaron tras la difusión de imágenes que evidencian la selectividad de los ataques. En un punto de alta circulación en la ciudad, se observa la estructura de un espectacular completamente rasgada y destruida en la que aparecía la imagen de los políticos afectados; sin embargo, a menos de un metro de distancia, la publicidad del exsecretario de Desarrollo Humano y Bienbeficio, Rafael «Rafa» Loera, permanece intacta y sin muestra alguna de afectación.
Daños sistemáticos en vialidades clave
Reportes en medios locales documentan agresiones registradas principalmente sobre la Vialidad Sacramento, a la altura de la zona de Quintas Carolinas y el puente de piedra, así como en otras arterias con alta afluencia vehicular en la capital. Además del rasgado de lonas, en las bases de algunas de las estructuras afectadas se detectaron pintas y grafitis con frases como «Agua por favor».
Aunque inicialmente se especuló sobre posibles reclamos ciudadanos o actos vandálicos aislados, la forma metódica en que se han retirado o rasgado los anuncios —omitiendo deliberadamente los espectaculares adyacentes de otros actores políticos— ha llevado a observadores y simpatizantes a calificar la situación como una estrategia de «guerra sucia» y desmantelamiento focalizado.
Sin personas detenidas ni postura oficial
Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado la detención de personas vinculadas a estos hechos, ni se ha confirmado la existencia de denuncias formales ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) o la Fiscalía General del Estado por el delito de daños o actos de contienda irregular.
La disparidad en el trato que reciben las distintas estructuras publicitarias ha reavivado las fricciones internas y externas de cara al próximo proceso electoral, mientras la ciudadanía exige que el espacio público no se convierta en un campo de batalla de propaganda destrozada.