Sobre presuntos vínculos entre funcionarios federales y delincuencia organizada, de ser cierto, corresponde investigar a la FGR
El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, advirtió que sería un hecho de extrema gravedad que funcionarios públicos estuvieran sosteniendo reuniones o pactos con integrantes de grupos de la delincuencia organizada que operan en la Sierra de Chihuahua.
Loya Chávez fue cuestionado sobre una publicación difundida en redes sociales en la que se observa una fotografía tomada a distancia en una zona serrana y que presuntamente involucraría a Ariadna Montiel, presidente Nacional de Morena con integrantes de grupos criminales.
El funcionario fue cuidadoso al señalar que se trata de información que tendría que ser corroborada.
“De ser cierto, pues es un tema relacionado a delincuencia organizada y que involucra a funcionarios federales”, explicó.
En caso de confirmarse los hechos, indicó, la investigación correspondería en principio a la Fiscalía General de la República, debido a la naturaleza federal de los posibles delitos.
Loya Chávez recordó que la Fiscalía estatal mantiene un amplio despliegue operativo en la Sierra de Chihuahua y cuenta con diversas líneas de investigación relacionadas con los grupos criminales que operan en esa región.
Explicó que las investigaciones no se concentran únicamente en determinar la pertenencia de personas a determinados grupos delictivos, sino también en documentar el impacto que sus actividades han provocado entre las comunidades.
Entre las consecuencias señaladas por el funcionario se encuentra el desplazamiento de habitantes de diversas regiones del estado.
Mencionó particularmente casos registrados en Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna y Moris, donde la presencia y actividad de grupos criminales ha generado afectaciones a las comunidades.
“Estos grupos criminales son los que han provocado el desplazamiento de personas”, sostuvo.
Por ello, consideró especialmente preocupante que algún funcionario pudiera estar sosteniendo conversaciones o negociaciones con integrantes de estas organizaciones.
“Yo creo que sería muy grave si es que hay funcionarios hablando con ellos o pactando con ellos”, señaló.
El encargado del despacho de la FGE insistió en que, mientras no exista una investigación que confirme los hechos difundidos en redes sociales, no es posible establecer responsabilidades, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar la autenticidad y alcance de la información.