CHIHUAHUA, CHIH. — Tras los recientes señalamientos de presuntas irregularidades y redes de corrupción en la asignación de contratos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuautémoc Estrada Sotelo, aseveró que la dimisión o separación del cargo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, es una medida sana, pero insuficiente para resolver la crisis institucional.
El legislador sostuvo que el problema del órgano electoral es estructural y de larga data, por lo que urgió a las autoridades correspondientes a llevar a cabo una investigación profunda e integral que deslinde responsabilidades desde la raíz, sin importar las administraciones o los perfiles involucrados.
Red de proveedores desde 2014 e investigaciones judiciales
Durante su encuentro con los medios de comunicación, Estrada destacó que los esquemas de contratación señalados involucran a proveedores que operan con el instituto desde hace más de una década, atravesando distintos periodos al frente del órgano electoral.
«Estamos hablando de proveedores que tienen contratando desde el 2014 en el INE, que han actuado bajo dos o tres administraciones. La renuncia es una cosa, pero la investigación debe ser obvia para desmantelar cualquier red enquistada de corrupción», puntualizó el líder bancada.
Asimismo, recordó que en 2023 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó acciones directas contra algunos de estos proveedores mediante el congelamiento de cuentas bancarias. Sin embargo, precisó que dichas empresas lograron interponer juicios de amparo en el Poder Judicial que obligaron al desbloqueo de sus fondos, lo que les permitió continuar operando y prestando servicios tanto a nivel federal como a diversos organismos públicos locales electorales (OPLEs) en entidades como Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
Reestructuración institucional y postura frente a la oposición
Cuestionado sobre si estos escándalos impactan directamente a la Cuarta Transformación, Estrada descartó que el movimiento asuma un costo político derivado de las supuestas irregularidades en el árbitro electoral. Argumentó que, a diferencia de los gobiernos del pasado —donde «se tapaba el escándalo y se metía la basura debajo del tapete»—, la postura actual promueve la apertura a las indagatorias de la Fiscalía y las instancias fiscalizadoras.
Finalmente, el diputado morenista cuestionó la postura cambiante de los partidos de oposición (PAN, PRI y MC), señalando que durante años justificaron los presupuestos multimillonarios bajo el argumento de que «la democracia cuesta cara» y rechazaron cualquier intento de reforma. Reitero la necesidad histórica de «ciudadanizar» la elección de las consejerías y dotar de absoluta transparencia a la administración interna del INE para devolver la certidumbre a la ciudadanía de cara a los próximos procesos electorales.