POR HORUS | La Columna
El abogado Héctor Villasana soltó, sin anestesia, que la carpeta de investigación federal contra César Jáuregui es exactamente la misma que se integra en el fuero común local por ejercicio indebido y coalición. Las mismas 150 declaraciones, los mismos videos del C4, el mismo material de El Pinal. O sea: la Federación no inventó nada nuevo; solo tomó el expediente que ya tenía el Estado y lo elevó a “traición a la patria” para mandarlo derechito a Almoloya.
La jugada es de manual. Aquí le dejan seguir el proceso en libertad con medidas cautelares (para que no se vea tan feo), y allá, con la orden de aprehensión ya cocinada, lo recogen y lo llevan al penal donde duermen los de verdad pesados. ¿Coincidencia? Solo si uno cree todavía en los cuentos de la buena fe institucional. El mensaje es claro: no es que no haya pruebas sólidas contra Jáuregui (Villasana insiste en que no hay un solo dato que lo vincule directamente con autorizar a los de la CIA); es que había que sacarlo de la cancha electoral de la capital. Y como dicen por ahí, “cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”. Rafa Loera, que salió de gobierno por la puerta de atrás, debería ir revisando si todavía tiene algunos recursos discrecionales de su paso por Desarrollo Humano que puedan ser reexaminados con el mismo entusiasmo.
De paso, Villasana dejó otro detalle que no es menor: la jueza Mariana Vieyra Valdés quien libró la orden de aprehensión federal renunció un día antes de la audiencia. Oficio en mano, se les informó que ya no estaba. El caso pasó a un juez de carrera, de Nezahualcóyotl, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, que según la defensa “manejó bien” la audiencia. Esperan que el sábado, a las tres de la tarde, ese mismo juez se acuerde de que todavía existe el Estado de Derecho. Mientras tanto, Jáuregui tiene audiencia mañana en Chihuahua (por videoconferencia desde el Altiplano) y el sábado la federal. Dos frentes, una sola carpeta y un delito de traición que, históricamente, casi nadie ha visto aplicado así en el México moderno.
La unidad especializada que crearon aquí para investigar el asunto, por cierto, “nació viciada de origen”, dice la defensa: ya existía la Anticorrupción para delitos de servidores públicos. Pero en estos tiempos, crear una unidad ad hoc es más práctico que discutir competencias.
Mientras tanto, en la Fiscalía local se mueven las sillas. Heliodoro Araiza renunció a la Zona Centro y Gilberto Loya ya puso a Daniel Abraham Terrazas en su lugar. Ajustes “naturales” para mejores resultados, dice el encargado del despacho. Y se comenta que Anabel Amparán, de la FEM, también ya entregó la renuncia. Loya reestructura a su imagen y semejanza. Nada que no se haya visto antes.
En el otro lado de la cancha, aparece el “compadre incómodo”: Luis Villegas Montes, abogado que defiende a Jáuregui y que, según círculos nacionales, es compadre de Cruz Pérez Cuéllar. El mismo Cruz que aspira a la gubernatura por Morena. Un lazo de lealtad personal que atraviesa partidos y amenaza con armar una guerra intestina tanto en el PAN como en la 4T. Porque en Chihuahua los compadres siempre pesan más que las plataformas.
El cinismo de Cruz y las huellas que no se borran
También Cruz Pérez Cuéllar se sentó con Ciro Gómez Leyva y negó lo que en Chihuahua es de dominio público: su amistad con César Jáuregui y el complot que ambos urdieron contra el PAN. Lo negó con esa desfachatez de quien cree que el micrófono nacional borra lo que aquí todo el mundo conoce.
No se esperaba otra cosa. Aceptar la complicidad equivaldría a validar las sospechas de que le financió la onerosa campaña. El problema es que Chihuahua es chiquito y aquí todo se sabe. Además, dejaron huellas por todos lados, como ladrones torpes que todavía firman con el nombre completo.
Durante años los dos presumían la relación sin el menor recato. Pero si alguna duda quedaba. Un botón de muestra bastaría, como el de anteriores párrafos, Luis Villegas Montes, compadre de Cruz, pero hay otro. Pavel Aguilar, quien se presentaba como representante de Cruz en Chihuahua, aseguran, llegó a pedir dinero a su nombre, fue de los que más alentó la conjura de Jáuregui.
Y hablando de guerras internas, las lonas del PAN (Olson, Jáuregui, Santiago de la Peña) aparecen sistemáticamente dañadas. ¿Ciudadanos inconformes por el agua o facciones internas que se sabotean? Nadie se hace responsable, las autoridades no tienen señas, y el proselitismo sigue. En Morena, Juan Carlos Loera pide repetir la encuesta porque “hubo irregularidades” y denuncia cerco mediático en la frontera financiado con los millones de Cruz. Mientras tanto, Alfredo Chávez, coordinador panista, se burla de las contradicciones morenistas: unos dicen que hay pacto entre Maru y Sheinbaum, otros exigen que la gobernadora comparezca. Si hubiera pacto, ¿para qué tanta insistencia en sentarla a declarar?
Hasta se inventó una denuncia de una familia gringa por un militar muerto. El Gobierno del Estado y la Fiscalía lo desmintieron: el expediente de Richard Halliday es de 2020, una desaparición reportada en julio de ese año, nada que ver con El Pinal de 2026.
Y en medio del barullo, Marco Bonilla no pierde el tiempo. Recorre la colonia Morelos en Juárez, escucha quejas de inseguridad y arma su plataforma ciudadana. Mientras unos pelean carpetas y renuncias de jueces, otros siguen caminando calles.
En Chihuahua, la grilla nunca descansa. Solo cambia de escenario: del C4 al Altiplano, de la lona rota al compadre, de la encuesta impugnada al recorrido en la frontera. Y siempre con la misma pregunta de fondo: ¿quién está realmente dirigiendo la orquesta?