POR HORUS | La Columna
Vaya novela jurídica la que se está escribiendo alrededor del exfiscal César Jáuregui Moreno. Y lo mejor —o lo peor— es que todavía no llegamos al capítulo final.
Primero lo detienen en La Cantera. Después viene una audiencia de esas que parecen maratón olímpico: 11 horas de alegatos, argumentos y tecnicismos, hasta que el juez Luis Alberto Simental Ortega determina que el exfiscal puede continuar su proceso en libertad, aunque con algunas pequeñas condiciones: firmar cada mes, entregar pasaporte y visa, no salir de la ciudad y, por si las dudas, ni acercarse a los testigos.
Hasta ahí, todo parecía relativamente claro: libertad, pero con correa jurídica.
Pero apenas se estaba acomodando la silla cuando ¡zas!… reaparece la justicia federal con una orden de aprehensión y Jáuregui termina rumbo al Altiplano.
¡Qué velocidad!
Uno podría pensar que las distintas instancias de justicia traen una competencia de relevos: apenas suelta el expediente una, lo toma la otra y corre con él.
La defensa, por supuesto, ya puso el grito en el cielo. Héctor Villasana cuestiona para qué ejecutar una orden de aprehensión contra alguien que, según sostiene, había atendido previamente diversos citatorios de autoridades estatales y federales.
Y plantea una pregunta bastante incómoda: ¿cómo se puede someter a una persona a dos procedimientos simultáneos sin afectar su derecho de defensa?
Buena pregunta.
Aunque en este país, últimamente, hacer preguntas incómodas parece una actividad de alto riesgo.
TRAICIÓN A LA PATRIA: EL INGREDIENTE EXÓTICO
Y luego aparece en la receta jurídica un ingrediente que, por lo menos para la defensa, resulta bastante peculiar: traición a la patria.
Villasana dice no recordar un antecedente en el México independiente de una persona juzgada bajo ese delito y considera que se trata de una figura que quedó como reminiscencia de épocas de invasiones y conflictos armados.
Pero el asunto no termina ahí.
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó que existen otras investigaciones relacionadas con el exfiscal, aunque aclaró que se trataría de otros delitos, distintos al de traición a la patria, y dejó en manos de la Fiscalía General de la República explicar los detalles.
Es decir: el expediente parece tener más capítulos que una serie de Netflix.
Y todavía falta saber cuáles son los siguientes.
MARU: AQUÍ NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY
Mientras tanto, la gobernadora Maru Campos salió a fijar postura y lanzó una frase que difícilmente puede ser más clara:
“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley.”
La mandataria recordó que desde el 24 de abril se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía estatal para investigar el caso de El Pinal, deslindar responsabilidades y dar claridad sobre lo ocurrido.
También marcó distancia entre la investigación estatal y la federal: una causa, una jurisdicción; otra causa, otra competencia.
Traducido al idioma político: que cada quien cargue con su expediente y responda por lo que le corresponda.
Maru también dejó claro que Chihuahua colaborará con la Federación cuando sea requerido, pero dentro de la ley.
Hasta ahí, institucionalismo puro.
Y EL PAN YA SACÓ LA CALCULADORA POLÍTICA
Pero Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, decidió ponerle pimienta al asunto.
La panista dijo que Acción Nacional no hará juicios sumarios ni pretende sustituir a los tribunales, pero cuestionó severamente la sincronía —o casualidad, según se quiera ver— entre la decisión del juez local de permitir que Jáuregui enfrentara el proceso en libertad y la posterior ejecución de la orden federal.
Horas.
Solamente horas.
Y ahí es donde el PAN ve gato encerrado y acusa a Morena de convertir la justicia en espectáculo y utilizarla como herramienta política.
La pregunta política queda flotando:
¿coincidencia jurídica o cálculo político?
Porque, en política mexicana, las coincidencias suelen tener una pésima reputación.
JUSTICIA, POLÍTICA Y ACORDEONES
Y aquí viene la parte que seguramente hará levantar más de una ceja.
Si la justicia federal está actuando conforme a sus atribuciones, tendrá que demostrarlo en los tribunales. Si la defensa tiene razón en sus cuestionamientos, tendrá que hacerlos valer por las vías legales.
Pero desde la trinchera política ya comenzó el sospechosismo.
Que si Morena, que si la 4T, que si el Poder Judicial, que si los nuevos juzgadores, que si los famosos acordeones…
Y mientras los políticos discuten quién controla a quién, al ciudadano común le queda una preocupación mucho más sencilla:
¿qué pasa cuando el poder político y el poder judicial terminan caminando demasiado juntos?
Porque si algo debería quedar fuera de cualquier disputa partidista es precisamente la justicia.
No vaya a ser que mañana alguien descubra que para enfrentar al sistema no basta con tener abogado: también hay que revisar que el SAT no tenga una opinión diferente.
Por lo pronto, César Jáuregui pasó de una audiencia de 11 horas a una prisión federal en tiempo récord.
Y la justicia, esa que debería ser ciega, parece que últimamente trae muy buen sentido de la orientación.
Continuará… porque este expediente todavía tiene demasiados capítulos.