Al menos 100 militantes exigen la liberación del aspirante a la alcaldía de Chihuahua, a quien califican de «preso político»; Gilberto Loya sostiene que ningún resultado está por encima de la ley.
CHIHUAHUA, Chih. — Un grupo de al menos 100 militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se apostó a las afueras del complejo de Ciudad Judicial para protestar por la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado y aspirante a la candidatura panista por la alcaldía de Chihuahua.
Con lonas y pancartas en mano, los manifestantes exigieron la liberación inmediata del exfuncionario, argumentando que se trata de una detención arbitraria y sin fundamento legal que convierte a Jáuregui Moreno en un «preso político» en medio del contienda interna partidista.
La postura de la Fiscalía General del Estado
Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, emitió un mensaje a la opinión pública donde sostuvo la legalidad del procedimiento y confirmó la cumplimentación de la orden de aprehensión en contra de César J. M., por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Loya Chávez detalló que las acciones penales derivan de las indagatorias realizadas por la unidad especial de la FGE, creada el pasado 24 de abril para investigar los hechos ocurridos durante el operativo desplegado entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de El Moreno.
Marco legal e investigaciones
De acuerdo con el informe de la FGE —cuyos avances preliminares se informaron el pasado 12 de mayo—, las investigaciones confirmaron la probable participación de personas extranjeras en dicha intervención operativa.
A partir de los elementos de prueba recabados, un Juez de Control libró la orden judicial en contra del exfiscal, fundamentada en los artículos 253 (fracciones II y IV) y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
«Un buen resultado no justifica violar la ley»
El encargado del despacho enfatizó que el imputado será puesto a disposición de la autoridad judicial para la celebración de la audiencia inicial, donde se resolverá su situación jurídica dentro de los plazos legales, garantizando el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.
Ante las acusaciones de motivaciones políticas, la representación de la FGE fue contundente al reiterar que, si bien se reconocen los aciertos en el combate a la delincuencia, las violaciones a los protocolos procesales y a la cadena de mando no serán ignoradas, sentenciando que «un buen resultado no justifica violar la ley».