La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la obligación de mantener el orden, actuar con institucionalidad y ofrecer resultados en las investigaciones, al ser cuestionada sobre las declaraciones relacionadas con el exfiscal César Jáuregui y el caso del presunto hallazgo de agentes de la CIA en Pinal de Morelos, municipio de Morelos.
Durante una entrevista, la mandataria estatal aclaró que únicamente tiene conocimiento de una carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado mes de abril en Pinal de Morelos, donde también se habría localizado un presunto narcolaboratorio.
Explicó que dicha investigación se encuentra tanto en manos de la Fiscalía General del Estado como de la Fiscalía General de la República, por lo que evitó pronunciarse sobre el número total de carpetas que pudieran existir dentro de la unidad especializada.
“Yo solamente sé que hay una carpeta que es la carpeta de la situación del Pinal de Morelos, del narcolaboratorio, el pasado 16 o 18 de abril”, señaló.
Corresponde al PAN definir candidaturas
Cuestionada sobre si el perfil de César Jáuregui Moreno podría ser considerado como una opción idónea para contender por una candidatura del PAN a la Presidencia Municipal, Campos Galván marcó distancia de cualquier definición electoral.
La gobernadora señaló que no corresponde al Poder Ejecutivo determinar quién debe ser candidato, ni valorar si una persona cuenta o no con las características necesarias para competir por un cargo de elección popular.
“No compete a una servidora decir si será o es un buen candidato. Primero, si es o no un buen candidato y, segundo, si será o no será un candidato. Eso le corresponde al partido”, puntualizó.
De esta manera, Campos evitó involucrarse directamente en la eventual postulación de Jáuregui, quien recientemente dejó la titularidad de la Fiscalía General del Estado y cuyo nombre ha comenzado a ser mencionado en escenarios políticos rumbo a las elecciones de 2027.
“No es un tema personal contra ningún funcionario”
Más allá de los nombres y de las aspiraciones políticas, la gobernadora subrayó que su principal exigencia hacia la Fiscalía es que prevalezcan el orden, la institucionalidad y los resultados.
Campos insistió en que los funcionarios encargados de procurar justicia deben concentrarse en sus responsabilidades y evitar que asuntos personales o políticos interfieran con el trabajo de investigación.
“Lo primero es buscar el orden, buscar la institucionalidad y los resultados en la Fiscalía General del Estado”, enfatizó.
La mandataria señaló que la exigencia aplica para todos los funcionarios que forman o han formado parte de la institución, independientemente de su cargo o circunstancia.
“No es un tema personal contra ningún funcionario”, afirmó.
En ese sentido, incluyó dentro de esta exigencia tanto al actual encargado del despacho de la Fiscalía como a la fiscal especializada Wendy Chávez y al resto de los funcionarios que integran la institución.
Pide coordinación con jueces y magistrados
Campos destacó que la Fiscalía debe concentrarse en el seguimiento de los expedientes y fortalecer la coordinación con las distintas instituciones involucradas en la procuración e impartición de justicia.
La instrucción, dijo, es trabajar de manera coordinada con el Poder Judicial, magistrados y jueces, así como con las demás instancias de gobierno, con el propósito de que las investigaciones avancen y se traduzcan en resultados para la ciudadanía.
La gobernadora sostuvo que esa es precisamente la responsabilidad que tiene la Fiscalía ante los chihuahuenses: investigar, integrar expedientes y actuar con apego institucional, sin distraerse en confrontaciones o intereses ajenos a la función pública.
“Lo que la gobernadora pide, exige y espera de su Fiscalía General del Estado” es precisamente orden, justicia y trabajo permanente en materia de investigación, resumió.
Con ello, Maru Campos dejó claro que, independientemente de los movimientos políticos que puedan registrarse de cara a 2027, la prioridad para su administración debe mantenerse en el funcionamiento institucional de la Fiscalía y en la atención de las investigaciones que corresponden tanto al ámbito estatal como federal.