Opinión / Análisis Político:
Por la Redacción
CHIHUAHUA, CHIH.— En lo que analistas y sectores partidistas comienzan a catalogar como un evidente exceso de atribuciones, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó una serie de lineamientos que invaden de forma directa la vida interna y la libre autodeterminación de los partidos políticos de cara al Proceso Electoral Local 2026-2027.
Bajo el argumento de garantizar la paridad de género y la inclusión a través de «acciones afirmativas», la autoridad electoral local impuso cuotas y restricciones que arrebatan a la militancia y a los órganos directivos la facultad de seleccionar libremente a sus mejores perfiles para encabezar los ayuntamientos del estado.
Un dedazo institucional sobre las alcaldías
El punto más controvertido del acuerdo aprobado en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria es la imposición directa en cinco municipios clave: Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava. En estas localidades, el IEE determinó unilateralmente que las candidaturas a las presidencias municipales (tanto en la posición propietaria como en la suplencia) deberán ser obligatoriamente para mujeres.
Esta decisión sienta un antecedente crítico al vulnerar el derecho de los partidos políticos a postular a los perfiles que consideren más competitivos o con mayor respaldo ciudadano en dichas demarcaciones, sin importar el género. Al dictar desde un escritorio administrativo qué municipios «deben» ser encabezados por mujeres, el IEE abandona su rol de árbitro imparcial para convertirse en un actor que condiciona la contienda de origen.
La paradoja de los bloques de competitividad
Si bien el reglamento concede a los partidos la libertad de asignar el género dentro de los bloques de alta, media y baja competitividad (donde se dividieron los 67 municipios), esta supuesta flexibilidad resulta accesoria frente a la rígida sobre-regulación que abarca la contienda local.
La acumulación de cuotas obligatorias —que ahora incluyen porcentajes específicos para comunidades indígenas, juventudes, diversidad sexual y personas con discapacidad— impone una camisa de fuerza a los procesos de selección interna. En lugar de permitir que las candidaturas surjan del mérito, el liderazgo social o las primarias internas, los partidos se ven forzados a armar planillas bajo un esquema estrictamente burocrático y desvinculado de las realidades políticas de cada municipio.
Injerencia bajo la bandera de la inclusión
Nadie pone en duda la importancia de promover la igualdad y la representación social en los cargos de elección popular. Sin embargo, el problema radica en los medios: cuando un órgano electoral suplanta la voluntad de la militancia y restringe las opciones electorales de la ciudadanía en municipios enteros, la frontera entre la tutela de derechos y la injerencia ilegítima se vuelve borrosa.
Al intervenir directamente en el diseño de las candidaturas a la alcaldía, el IEE Chihuahua corre el riesgo de distorsionar la competencia democrática, restando dinamismo a la vida interna de los partidos y abriendo la puerta a impugnaciones legales sobre la constitucionalidad de estos lineamientos de cara al inicio formal del proceso electoral.