CHIHUAHUA, CHIH. — Decenas de afectados por el fraude multimillonario de la empresa Aras Business Group se manifestaron la mañana de este viernes e implementaron un bloqueo en los accesos al Palacio de Gobierno. La protesta, encabezada por el abogado Felipe Acosta, busca exigir una solución inmediata ante la omisión de las autoridades para entregar los bienes incautados al liquidador e iniciar la reparación del daño a miles de familias.
Los manifestantes limitaron el acceso a las instalaciones gubernamentales permitiendo la salida del personal, pero impidiendo el ingreso. Asimismo, mantuvieron cerrado un tramo de la calle Aldama —entre las avenidas Guerrero y Venustiano Carranza— para resguardar la seguridad de los contingentes, descartando el bloqueo de vialidades aledañas para evitar afectaciones a la ciudadanía en sus traslados y citas médicas.
“Un cuento de nunca acabar”: Omisión entre Fiscalía y el Tribunal
El litigante Felipe Acosta denunció ante los medios de comunicación la parálisis institucional que ha impedido que el dinero o la venta de inmuebles llegue a manos de las víctimas.
“Las autoridades han sido omisas en entregar los bienes al liquidador para que se empiece a hacer la reparación del daño. La Fiscalía le echa la pelota al juez de ejecución, y el juez de ejecución se la devuelve a la Fiscalía. Ahí están los bienes desde hace cuatro años y medio y se siguen perdiendo mes a mes por amparos de reserva de dominio. Es un cuento de nunca acabar”, aseveró Acosta.
El abogado señaló que hace tres semanas se le advirtió formalmente sobre esta situación tanto al encargado del despacho de la Fiscalía General, Francisco Sáenz, como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En dicha reunión se les fijó como fecha límite el pasado lunes 30 de noviembre para concretar algún pago. Al no haber avances, las víctimas decidieron tomar las calles.
Deterioro, despojo e irregularidades en los inmuebles
El inventario de propiedades para la reparación del daño ha sufrido una drástica reducción debido al abandono institucional y a presuntos saqueos. De acuerdo con el representante legal:
- De 122 bienes iniciales, la lista bajó a 112 y posteriormente a 79.
- Solo 18 inmuebles han sido liberados, pero únicamente «entre comillas», ya que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial han entregado las llaves o la posesión material para verificar sus condiciones.
- Saqueos e invasiones: Se denunció que agentes ministeriales y personal de gobierno han invadido fincas aseguradas. Asimismo, mobiliario de las oficinas de Aras (como el del edificio ubicado en Doblado y Tercera) presuntamente está siendo utilizado en las áreas administrativas de la Fiscalía Zona Centro.
Denuncian fraude procesal y dilación judicial
Acosta expuso además un presunto esquema de fraude procesal orquestado por exempleados y litigantes de la empresa, quienes habrían logrado la adjudicación de entre 15 y 17 bienes mediante sentencias laborales que calificó de «absurdas». Entre las anomalías detectadas, uno de los excolaboradores declaró percibir un sueldo de 41 mil pesos diarios.
La audiencia para imputar por fraude procesal a dicho abogado y a los ex-empleados estaba programada para llevarse a cabo recientemente; sin embargo, fue diferida de último momento debido a que el juez justificó su inasistencia por motivos de salud de su cónyuge. La comparecencia quedó reprogramada para el 14 de octubre a las 9:30 horas.
Exigen mesa de diálogo con Gobierno del Estado
El representante de las víctimas indicó que el contingente permanecerá en el lugar hasta ser atendido por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y se convoque a la Fiscalía General para pactar un acuerdo definitivo.
El padrón de afectados alcanza las 7,150 víctimas con querella formal. Adicionalmente, cerca de 9,800 personas no alcanzaron a interponer su denuncia a tiempo, perdiendo el derecho legal a reclamar la restitución de sus ahorros.
“El Gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia tienen que entender que ahí están los bienes y la ley es clara. No permiten los acuerdos entre imputados y víctimas, patean las promociones que metemos y no las acuerdan. ¿Quién se está enriqueciendo con esto?”, concluyó el abogado.