El coordinador de la defensa de la 4T en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, se deslindó del empresario Carlos Velázquez (Carvel) quien se encuentra detenido por las fuerzas federales por presunto huachicol y, en el mismo movimiento, confirmó lo que quería dejar atrás: que el hombre es socio de alrededor de veinte empresas y que, entre ellas, hay contratos con el municipio de Juárez, incluido el de recolección de basura, además de otros con el gobierno del estado y con el gobierno municipal.
El deslinde, entonces, no fue un “no lo conozco”. Fue un “sí tiene contratos, pero no me toquen”. En rueda de prensa, Pérez Cuéllar sostuvo que ya tienen documentado ese entramado y usó el dato para una defensa por extensión: si un contrato con el municipio implica complicidad del alcalde —“tu servidor”, dijo—, la misma lógica alcanzaría al alcalde de la capital y a la gobernadora.
De ahí saltó al argumento de escala. Le parece “irracional” vincular a cualquier funcionario, “sobre todo de entidades tan grandes como el municipio de Juárez”, con lo que le pueda ocurrir a cualquiera de los cientos de proveedores que contratan los ayuntamientos.
Traducción política: el contrato existe, el proveedor es el mismo que financia campañas, pero la ciudad es tan grande que la relación se diluye en la lista de proveedores.
El problema del razonamiento es el que él mismo puso sobre la mesa. No negó el negocio. No negó la recolección de basura. No negó que el empresario tenga pie en el municipio, en el estado y en el ayuntamiento. Solo pidió que no se lea como complicidad lo que, en su versión, es un contrato más entre cientos. En una ciudad donde la basura se recoge con dinero público y las campañas se pagan con dinero privado, esa frontera es precisamente la que se discute.
Pérez Cuéllar quiso compartir la carga con la gobernadora y con el alcalde de Chihuahua. El efecto fue otro: dejó asentado, con micrófonos de por medio, que Carvel no es un desconocido del erario. Es proveedor. Y el deslinde llegó después del contrato, no antes.