El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, respaldó el anuncio de la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre la presentación de una nueva iniciativa en materia electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara parte de las disposiciones aprobadas en Chihuahua relacionadas con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
La gobernadora anunció este miércoles que diputados locales presentarán en las próximas horas una nueva propuesta para buscar restablecer, por las vías constitucionales disponibles, disposiciones del denominado blindaje electoral que fueron invalidadas por la Corte.
Al ser cuestionado sobre el anuncio, Bonilla celebró la decisión y manifestó su respaldo a las acciones que busquen impedir la intervención de grupos delictivos en los procesos electorales.
“Enhorabuena. Nosotros hacemos votos porque en Chihuahua se le cierre la puerta siempre al narcopacto y tenemos una gobernadora muy valiente que nosotros vamos a respaldar”, declaró.
El alcalde lamentó la resolución de la Suprema Corte y sostuvo que México enfrenta problemas de violencia, desapariciones, extorsiones y presiones contra productores, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas destinadas a impedir que organizaciones delictivas intervengan en los gobiernos y las elecciones.
La resolución de la SCJN no eliminó toda la reforma electoral: el Pleno invalidó disposiciones relacionadas con consecuencias automáticas para candidaturas por actos cometidos por terceros y determinó, entre otros puntos, que Chihuahua deberá incorporar a su legislación electoral la causal de nulidad por intervención o injerencia extranjera prevista en la Constitución federal.
Campos Galván ha sostenido que el fallo debilitó el blindaje aprobado por Chihuahua y anunció que buscará una nueva vía legislativa para atender los apartados invalidados.
Bonilla afirmó que respaldará la nueva propuesta y reiteró que, desde su perspectiva, Chihuahua debe mantener disposiciones que impidan la participación del crimen organizado en los procesos electorales.