Los gobiernos estatal y federal acordaron reforzar la coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua, informó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, quien señaló que uno de los retos será homologar y precisar las cifras de personas afectadas.
El funcionario explicó que el tema fue abordado durante la Mesa Estatal de Seguridad de este lunes, luego de que organizaciones civiles han advertido sobre familias obligadas a abandonar comunidades de la Sierra de Chihuahua por situaciones de violencia.
De la Peña recordó que durante la reunión que sostuvo la semana pasada junto con la gobernadora Maru Campos con la Secretaría de Gobernación se acordó establecer una relación más estrecha con la Subsecretaría de Derechos Humanos para dar seguimiento a los casos.
“Se acordó que íbamos a empezar a trabajar con mucha mayor cercanía con la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien se está ocupando de dar seguimiento al tema de los desplazados”, indicó.
Organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación han documentado desplazamientos relacionados con violencia en comunidades de la Sierra Tarahumara. Un informe difundido en agosto señaló que 4 mil 492 personas habrían sido desplazadas durante 2025, mientras que las propias organizaciones han advertido sobre dificultades para contar con un registro único y actualizado.
De la Peña reconoció que existen discrepancias entre los datos manejados por autoridades y organizaciones, por lo que consideró necesario revisar la metodología utilizada para contabilizar a las personas.
Explicó que durante la Mesa de Seguridad se planteó la posibilidad de que trabajadores que se trasladan temporalmente desde sus comunidades para participar en cosechas de chile, nuez o cebolla pudieran estar siendo incluidos en algunos registros como población desplazada.
Por ello, pidió diferenciar la movilidad laboral temporal de los casos en los que las personas abandonan sus comunidades a causa de la violencia.
El secretario sostuvo que las estadísticas son un insumo para dimensionar el problema, pero señaló que deben complementarse con el trabajo que las autoridades realizan directamente en territorio.
El INEGI ha realizado ejercicios específicos para caracterizar el desplazamiento forzado interno en Chihuahua; su encuesta de 2021 se concentró expresamente en personas desplazadas por violencia y fue desarrollada con participación de instituciones públicas y organismos internacionales.
De la Peña aseguró que, independientemente de las diferencias en las cifras, el objetivo será mantener la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno para atender a las familias afectadas y mejorar las acciones dirigidas a este fenómeno.