POR HORUS | La Columna
Hay semanas en las que la política parece empeñarse en demostrar que Chihuahua tiene varios frentes abiertos al mismo tiempo.
Mientras en la Ciudad de México se hacen gestiones para destrabar asuntos que impactan directamente al estado, en las redes sociales continúan los ajustes de cuentas políticos; en las escuelas los padres de familia reclaman respuestas a problemas muy concretos y, en San Lázaro, Morena y sus aliados empujan una reforma constitucional que vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la doble nacionalidad.
Así transcurre la política: entre resultados que todavía están por materializarse, inconformidades ciudadanas, pleitos internos y reformas constitucionales que tendrán consecuencias hacia el futuro.
Santa Teresa: del discurso al primer embarque
Uno de los asuntos que puede traducirse más rápidamente en una noticia positiva para el sector agropecuario de Chihuahua es la reapertura del cruce San Jerónimo-Santa Teresa para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos.
El puerto volverá a operar este 24 de septiembre, después de las restricciones impuestas por la contingencia del gusano barrenador del ganado. El Gobierno federal informó que el arranque será gradual: alrededor de 800 cabezas durante la primera semana, con un incremento progresivo hasta alcanzar una meta de 1,500 animales diarios a partir de la cuarta semana.
Y aquí hay un detalle político que no puede pasarse por alto.
La gobernadora Maru Campos llevaba meses colocando el tema del campo y de la exportación ganadera dentro de la agenda de sus gestiones ante autoridades federales.
La reapertura no es, desde luego, resultado exclusivo de una sola persona o institución. Intervinieron autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, productores, organizaciones ganaderas y distintas instancias gubernamentales. Pero el Gobierno de Chihuahua ha señalado que la mandataria mantuvo seguimiento permanente del asunto y respaldó las gestiones del sector.
El propio puerto tuvo que ser acondicionado para cumplir con los protocolos sanitarios estadounidenses. Se instalaron lectores de radiofrecuencia para fortalecer la trazabilidad, se incorporaron binomios caninos para detectar gusano barrenador y se modificaron áreas de inspección. (Gobierno de México)
Es decir, esta vez no se trata solamente de levantar una pluma fronteriza.
Se trata de demostrar que el ganado puede volver a cruzar bajo condiciones sanitarias que permitan recuperar gradualmente un mercado fundamental para los productores chihuahuenses.
Y ahí es donde entra el reconocimiento público del senador Mario Vázquez, quien atribuyó a la gobernadora y a la Unión Ganadera parte de las gestiones para destrabar el problema y habló de un esfuerzo conjunto entre autoridades y productores.
El mensaje político fue claro: el campo no vive de discursos; vive de que el ganado pueda cruzar.
Y ahora falta comprobarlo en la operación cotidiana.
Porque una reapertura anunciada es una cosa y recuperar plenamente el ritmo de exportación es otra.
El campo todavía tiene muchos pendientes
La reapertura de Santa Teresa tampoco significa que todos los problemas del campo hayan desaparecido.
En Chihuahua continúan los reclamos relacionados con agua, energía eléctrica, subsidios y trámites administrativos.
De hecho, en el Congreso del Estado volvió a ponerse sobre la mesa el problema de productores agrícolas que quedaron fuera del Programa Especial de Energía para el Campo, conocido como PEUA, debido a retrasos en trámites de concesiones de agua.
El planteamiento presentado por el coordinador priista Arturo Medina busca que las autoridades federales atiendan los adeudos y afectaciones derivados de esos retrasos.
El argumento de los productores, según la información difundida, es sencillo: realizaron sus trámites, pero la falta de respuesta administrativa terminó generándoles consecuencias económicas.
Aquí no hay mucha ciencia política.
Si un productor necesita electricidad para bombear agua y el subsidio desaparece, la factura aumenta. Y si además existen adeudos acumulados, el problema puede convertirse en cortes de energía y pérdidas productivas.
El campo, pues, vuelve a estar en el centro de la discusión.
Y Santa Teresa es apenas una pieza de un tablero mucho más grande.
La primaria Aurelia Agüero y el problema que no cabe en un discurso
Mientras los políticos discuten candidaturas, reglas internas y reformas constitucionales, en las escuelas hay padres de familia enfrentando problemas mucho más inmediatos.
A nuestra redacción llegó un planteamiento de familias de la Escuela Primaria Aurelia Agüero, quienes expresan preocupación por posibles modificaciones en la organización de grupos escolares.
Según la información proporcionada por los padres, la ausencia de docentes que pasarán a desempeñarse como Asesores Técnico Pedagógicos podría provocar modificaciones particularmente en primero, tercero y quinto grado.
La principal preocupación está en la posible fusión de grupos de primer grado, porque eso implicaría una mayor concentración de estudiantes por aula.
Y aquí aparece una discusión que suele perderse entre cifras administrativas: ¿qué pasa con la atención individual de los niños cuando aumenta el número de alumnos por salón?
Los padres señalan además que existen estudiantes que requieren apoyos educativos específicos y consideran que cualquier reorganización debe tomar en cuenta esas necesidades.
Sus peticiones son concretas: evitar la fusión de grupos de primero, cubrir las ausencias docentes de tercero y quinto, garantizar personal para educación física, considerar las características del alumnado y establecer un diálogo abierto con las familias.
No están hablando de ideología.
Están hablando de sus hijos.
Y ese tipo de reclamo merece una respuesta institucional, no solamente un oficio que termine archivado en algún escritorio.
El pleito azul que ya brincó de los pasillos a las redes
Y mientras unos hablan de escuelas y otros de ganado, dentro del PAN chihuahuense continúan apareciendo señales de que el proceso político rumbo a 2027 empieza a calentar los ánimos.
Las declaraciones del exmagistrado Luis Villegas Montes generaron reacciones entre militantes y simpatizantes panistas, particularmente por sus señalamientos hacia otros perfiles del partido.
En redes sociales, la usuaria Micaela Arteaga cuestionó directamente a Villegas y puso sobre la mesa una pregunta que, políticamente, tiene filo:
¿quién fiscaliza al fiscalizador?
Arteaga cuestionó que las críticas hacia determinados personajes pudieran tener un componente personal y también puso en duda la consistencia de algunos argumentos relacionados con los mecanismos internos para definir candidaturas.
Particularmente, cuestionó la referencia a las asambleas como método de selección y recordó que, desde su perspectiva, ese mecanismo no se ha utilizado regularmente en años recientes para definir determinados cargos.
Incluso puso como ejemplo la regiduría ocupada actualmente por el propio Luis Villegas.
Aquí conviene hacer una pausa.
Una cosa son los hechos comprobables y otra los señalamientos hechos en redes sociales.
Los primeros se pueden documentar.
Los segundos pertenecen al terreno del debate político y deben atribuirse a quienes los realizan.
Pero hay algo que sí queda perfectamente claro: el PAN ya comenzó a discutir públicamente sus reglas, sus métodos y sus perfiles.
Y cuando un partido comienza a pelear por la interpretación de sus propias reglas, normalmente significa que las decisiones que vienen empiezan a importar demasiado.
La reforma de la doble nacionalidad: el candado que mira hacia 2028
Mientras en Chihuahua se discuten los procesos políticos locales, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general una reforma constitucional que busca establecer un requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La votación fue de 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. La reforma todavía debe continuar su proceso legislativo en el Senado.
El dictamen no elimina la posibilidad de tener doble nacionalidad para la población en general.
Lo que plantea es que quienes aspiren a esos cargos tengan que renunciar a la nacionalidad extranjera que posean antes de registrarse como candidatos. La aplicación está prevista para procesos posteriores, a partir de 2028.
Morena, PT y PVEM han defendido la medida bajo el argumento de preservar la soberanía nacional.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han cuestionado la reforma por considerar que establece una restricción adicional para acceder a cargos públicos y que puede generar problemas para mexicanos que poseen otra nacionalidad.
Y aquí aparece una de esas paradojas de la política mexicana: una reforma que se discute en 2026 puede tener su verdadero impacto político hasta la siguiente década.
Porque la pregunta ya no es solamente quién tiene dos nacionalidades.
La pregunta es qué condiciones debe cumplir una persona para aspirar a gobernar México o una entidad federativa y hasta dónde puede el Estado establecer requisitos adicionales en nombre de la soberanía.
Eso tendrá que resolverlo el proceso constitucional.
Yunes, vacaciones y la política de las redes
En el terreno nacional tampoco faltaron las polémicas de redes sociales.
Circuló una publicación que cuestiona al exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares por un supuesto viaje a Francia y relaciona ese episodio con su acercamiento político a Morena.
Aquí conviene poner freno al acelerador.
Una publicación en redes sociales no basta para afirmar como hecho que alguien “se vendió” para evitar investigaciones ni mucho menos que cometió determinados delitos.
Esas son acusaciones que requieren pruebas y fuentes judiciales o documentales.
Lo que sí forma parte del registro político reciente es el acercamiento de la familia Yunes con Morena y el papel que sus votos han tenido en discusiones legislativas.
Pero una cosa es analizar una decisión política y otra muy diferente convertir una publicación de redes sociales en sentencia.
En tiempos de redes, la política mexicana tiene un nuevo deporte nacional: juzgar primero y preguntar después.
Y así tampoco se construye información.
Al final, todos estos temas tienen algo en común.
El ciudadano está esperando resultados.
El ganadero quiere sacar su ganado.
El agricultor quiere electricidad para bombear agua.
Los padres quieren maestros para sus hijos.
Los militantes quieren reglas claras para competir.
Y los ciudadanos esperan que las reformas constitucionales sean discutidas con argumentos y no únicamente con mayorías.
Santa Teresa representa una oportunidad concreta para el sector ganadero, pero habrá que observar si la reapertura logra recuperar progresivamente el flujo de exportaciones, luego de casi dos años de estar cerrada la frontera.
La protesta de los padres de familia de la Aurelia Agüero deberá encontrar una respuesta de las autoridades educativas.
El debate interno del PAN seguramente seguirá subiendo de tono conforme se acerquen las definiciones de 2027.
Y la reforma sobre nacionalidad todavía tiene camino legislativo por recorrer.
Al final del día, el ciudadano común no come discursos, no paga la luz con polémicas de Facebook y tampoco manda a sus hijos a la escuela con comunicados.
Necesita que las cosas funcionen.
Y en política, cuando las cosas funcionan, hasta las grillas hacen menos ruido.