Chihuahua, Chih.— El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó este sábado en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la asamblea de diálogo y consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIA), dirigida a comunidades indígenas urbanas de la capital.
Participaron 12 autoridades de los pueblos ralámuli, otomí y n’dee, 18 funcionarios federales y estatales, y cuatro observadores de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.
Sahid Perales, de la Secretaría de Gobernación, dijo que lo trascendental es escuchar el clamor de las comunidades para que la ley garantice lo que ya reconoce la Constitución. Cada institución, afirmó, llegó a tomar nota.
Leslie Monserrat Arenales Ramos, de la Secretaría de las Mujeres, subrayó que se busca garantizar la voz de todas y todos y plasmar derechos particulares de pueblos y comunidades. Beatriz Casas Arellanes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que el Poder Judicial ha seguido la iniciativa desde el origen y que escuchar a quienes dejaron la Sierra Tarahumara para vivir en la capital ayudará a una mejor legislación.
La gobernadora indígena ralámuli Aurelia Rentería Ortega instaló la asamblea a las 10:00 horas. Aldo Medina Valenzuela, de la Dirección de Derechos Indígenas del INPI, y Nicolás Víctor Martínez Juárez, titular de la representación en Chihuahua, expusieron la iniciativa: más de 400 artículos en ocho libros o capítulos, más un apartado transitorio.
En las primeras intervenciones, Lupita Pérez Holguín, líder de una asociación civil, cuestionó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM). En la Sierra Tarahumara, dijo, hay denuncias de que funcionarios federales imponen empresas o movimientos no autorizados por las comunidades.
El representante otomí Bonifacio Ignacio de León habló de la injerencia de los partidos en la participación indígena. Hasta ahora, consideró, esa inclusión ha sido falsa y en Chihuahua hay casos de simulación. Espera que la nueva ley lo prohíba de verdad.
Estuvieron, entre otros, Aurelia Rentería, del Cerro de la Cruz; Raúl Fierro González, gobernador ralámuli de Napawika; Karina Luján Luján, del Instituto Nacional del Derecho de Autor; Karen Valeria Longoria Pérez, de Salud federal; y Tristán Urdanivia, del SNDIF. El INPI depende de la dirección general de Adelfo Regino Montes.
La consulta urbana deja dos señalamientos sobre la mesa, antes de que la ley se vote: el fondo indígena que las comunidades no controlan y los partidos que llegan a la asamblea cuando conviene. El resto —más de 400 artículos— sigue en la escucha.