Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora de Morena Andrea Chávez —hoy con licencia y con aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua—, aparece entre los funcionarios señalados por irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detectó en Liconsa durante 2023. El hallazgo más llamativo: pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían muerto.
La investigación de la periodista Peniley Ramírez, publicada en *Reforma*, documenta que la ASF, en la auditoría de la Cuenta Pública 2023, dejó 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de la paraestatal y promovió acciones para deslindar posibles responsabilidades administrativas. Los casos se concentran en Chihuahua, Jalisco y Coahuila.
**Chihuahua: el contrato y los muertos**
Chávez Treviño fue designado delegado estatal de Liconsa en Chihuahua en noviembre de 2022. En mayo de 2023 formalizó el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 para comprar leche a proveedores locales. En ese expediente la ASF cruzó padrones con el Registro Nacional de Población y encontró que Liconsa siguió pagando a dos personas físicas después de su deceso.
Uno falleció el 5 de febrero de 2023; el otro, el 4 de marzo. Los pagos vinculados al contrato se extendieron durante ese ejercicio —en reportes de la propia auditoría se precisan montos del orden de 973 mil pesos en un caso y 53 mil en el otro—. La ASF consideró que el entonces gerente estatal debía ser investigado por posible abuso de funciones y desvío de recursos.
El mismo funcionario queda relacionado con otro señalamiento en Chihuahua: alrededor de 4.5 millones de pesos pagados como precio de garantía a proveedores que no cumplían las condiciones para ese beneficio. Ramírez buscó a Gregorio Chávez para su versión. No obtuvo respuesta. De los cuatro funcionarios mencionados en los tres estados, según la periodista, él es el único que sigue figurando en registros federales como activo en Liconsa.
**Jalisco y Coahuila: el mismo patrón**
En Jalisco la investigación señala a Rubén Ramírez, entonces gerente estatal. Un documento confidencial de Agricultura, citado por Ramírez, habla de una pesquisa por 15.8 millones de pesos entregados a proveedores inelegibles para el precio de garantía. En ese estado la ASF también halló pagos por unos 8.8 millones de pesos ligados a casi 6 millones de litros cuya recolección y traslado no se acreditaron.
En Coahuila aparecen Alma Rosa Garza y Eduardo Valdés, subgerentes del Programa de Abasto Social, por posibles desvíos de 14.9 millones. El documento indica que Garza es hermana de una exdirigente estatal de Morena.
En los centros de acopio de Coahuila, Chihuahua y Jalisco, Liconsa pagó además más de 35 millones de pesos a personas que rebasaban el tope de vacas en ordeña y, por eso, no debían recibir el precio de garantía. Los 4.5 millones de Chihuahua, los 14.9 de Coahuila y los 15.8 de Jalisco forman parte de esa misma cuenta.
**La investigación que no acaba de arrancar**
El documento confidencial al que accedió Ramírez precisa que las posibles responsabilidades prescribirían en 2030 y que, al momento de ese registro, el expediente aún no había pasado de las direcciones generales de dictaminación a la de Investigación y Responsabilidades. Es decir: la ASF ya documentó las irregularidades —la auditoría se conoció desde 2025—, pero el proceso para sancionar no se había cerrado.
Liconsa es la empresa del abasto social de leche, heredera del mismo circuito que estalló con Segalmex. En Chihuahua, el nombre de Gregorio Chávez ya había generado ruido por su sueldo —más de 800 mil pesos anuales declarados, muy por encima de homólogos en otros estados— y por quejas de productores por pagos atrasados. Andrea Chávez negó en su momento que el nombramiento de su hermano fuera nepotismo: “Lo que sea nepotismo, que se castigue, y lo que no, que no se desinforme”.
Ahora la pregunta no es el parentesco. Es si Liconsa pagó a muertos, a quien no debía y por litros que no se recolectaron —y si alguien, antes de 2030, va a responder por ello.