El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó el proceso mediante el cual fueron rematados 167 inmuebles del fraccionamiento de Pensiones Civiles en Cuauhtémoc, al señalar que existen elementos que generan dudas sobre la transparencia y legalidad de la operación.
Estrada señaló que los inmuebles fueron adjudicados por 45 millones de pesos, pero hasta el momento la empresa ganadora habría cubierto únicamente 4.5 millones, equivalentes al 10 por ciento del monto total. De acuerdo con sus cálculos, esto representa alrededor de 26 mil 900 pesos por inmueble.
El legislador sostuvo que, pese a que el pago total no se ha concretado, la empresa ya habría ingresado al fraccionamiento, realizado modificaciones en algunas viviendas e incluso comenzado a ofertarlas en el mercado con precios de entre 900 mil y un millón de pesos.
Cuauhtémoc Estrada hizo referencia a las bases del remate, particularmente a la número 13, en la que se establece que el ganador tiene prohibido ejecutar actos de posesión material, obras, modificaciones o acciones legales sobre los inmuebles hasta la firma de la escritura correspondiente.
Ante ello, informó que solicitó por escrito al titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) realizar una inspección en el fraccionamiento para verificar si se está cumpliendo con dicha disposición y, en caso de comprobarse un incumplimiento, proceder a la cancelación de la venta.
El coordinador morenista también cuestionó la aparición posterior de una fe de erratas relacionada con el proceso, pues afirmó que dicho documento no se encontraba en el expediente que les fue entregado en julio ni aparecía en el portal de transparencia hasta días recientes.
Asimismo, señaló que el convenio de colaboración entre Coesvi y Pensiones Civiles tampoco se encontraba disponible cuando fue solicitado y que ambos documentos fueron publicados posteriormente, situación que, consideró, amerita una revisión.
Estrada aclaró que Morena no se opone a que Pensiones Civiles recupere parte de su cartera crediticia ni a que se busquen mecanismos para que las familias ocupen viviendas que permanecen disponibles. Sin embargo, rechazó que el Estado permita una operación que, a su juicio, puede convertirse en un negocio de especulación inmobiliaria.
“La función del Estado es generar condiciones para que la gente tenga una vivienda de interés social”, sostuvo.
El diputado planteó que, en lugar de permitir la reventa de las viviendas a precios cercanos al millón de pesos, podría implementarse un esquema de venta social dirigido a familias del magisterio, derechohabientes de Pensiones Civiles o personas desplazadas.
Estimó que bajo un esquema de este tipo las viviendas podrían colocarse en alrededor de 300 mil pesos, considerando los gastos correspondientes, en lugar de los precios que actualmente estaría manejando la empresa adquirente.
Finalmente, Estrada informó que el Grupo Parlamentario de Morena se encuentra integrando una demanda para impugnar el acto administrativo correspondiente al remate. También cuestionó las facultades utilizadas para realizar la operación y sostuvo que debe revisarse el marco constitucional relacionado con la enajenación de inmuebles propiedad del Estado.