El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, afirmó que la Rectoría ha mantenido comunicación y “buena voluntad” con el sindicato de trabajadores, incluido un permiso concedido para una reunión de delegados en horario laboral, y atribuyó la manifestación anunciada a la negativa de esa organización a aplicar los cambios que, dijo, exige un estudio actuarial ya concluido.
Rivera Campos detalló que el martes se reunió en persona con la secretaria general del sindicato, a quien identificó como Conchita, y que todavía el día anterior intercambiaron mensajes. El último punto, indicó, fue precisamente ese permiso: el gremio pidió que la reunión de delegados se realizara a las 10:00 horas, en jornada hábil, para que el personal saliera de sus áreas de trabajo. “Se le concedió”, sostuvo.
Al cuestionarle si esta marcha tiene tintes políticos, ya que uno de los asesores del sindicato están intimamente ligados a Morena, el rector Rivera Campos, dijo que quiere pensar que no y que se espera sea un movimiento genuino por parte de la base sindical.
El estudio de más de 2 millones y la “luz verde” financiera
La prioridad de la administración al inicio del año, explicó el rector, fue un estudio actuarial profesional que costó más de 2 millones de pesos, cubiertos con un esfuerzo de la comunidad universitaria. El objetivo, dijo, es repetir lo que ocurrió hace años con el sindicato de maestros: cambiar políticas y procedimientos para tener “finanzas sanas” y “larga vida”.
Según Rivera Campos, el actuario ya entregó observaciones y “es momento de pasar a las acciones”. Acusó que el sindicato de trabajadores se niega a ese ajuste. Anunció que en los próximos días vendría un representante de la Subsecretaría de Educación Superior —vinculada a la SEP— para revisar “acciones en concreto” y cambios en el manejo del gremio, en coincidencia con el Congreso Internacional de Salud Mental de los días 23 y 24 de septiembre.
El estudio, precisó, no es un trámite aislado: se relaciona con el fideicomiso de jubilados y pensionados que se agotó. La universidad, “mostrando esa buena voluntad”, otorgó un préstamo que “rebasó el millón de pesos” para que en las primeras semanas o meses no se interrumpiera el apoyo. Aclaró que ese fondo no depende de la UACH, sino de la relación del sindicato con la asociación civil de jubilados.
El terreno de Altozano y los 27 compradores
El rector ligó la crisis a “bienes”, “el terreno” y “manejos y maniobras” que, a la larga, “marcan un peso importante financiero”. Describió un predio en Altozano — de varias hectáreas, sin fraccionar y sin permisos municipales ni estatales— que Rectoría entregó al sindicato en una administración anterior.
Hace dos gestiones sindicales, dijo, se vendieron 27 lotes que no existen. Veintisiete personas entregaron enganches o abonos. “Hay que darles el lote o regresarles el dinero”. Aseguró que se anunció una venta “inmediata” para enero o febrero y que, ya en septiembre, el asunto sigue sin resolverse. Ese predio, añadió, es el patrimonio al que mira la asociación de jubilados para cubrir compromisos.
Otro señalamiento que, según él, deberá recoger el estudio actuarial es un cargo bancario de 188 mil pesos mensuales que paga el sindicato por manejo de cuenta o nómina. “No le veo motivo de ser”, afirmó. También cuestionó esquemas de jubilación antiguos que, con apenas cuatro años en la universidad tras un cambio de adscripción, otorgaban beneficios que hoy, dijo, “ya nos llegó el agua”.
Huelga, plazas y la terna que no llegó
Consultado sobre un posible emplazamiento a huelga, Rivera Campos dijo respetar los comentarios, pero consideró el escenario “complicado” en lo jurídico y en lo económico. Recordó que Chihuahua no vive condiciones como las de la huelga de Aceros, de hace décadas, y que solventar una deuda de ese tipo implicaría millones de pesos. “No veo ese respaldo económico” ni las condiciones para que la autoridad laboral decrete el paro.
Sobre las inconformidades planteadas el martes, indicó que varios asuntos ya están en tribunales laborales o en instancias administrativas y que la universidad respetará sentencias, como lo hizo al inicio de su gestión cuando una autoridad judicial impidió la toma de protesta.
Dijo haber pedido al sindicato una terna de tres prioridades para avanzar “paso a paso”. Ese ejercicio, afirmó, no se dio. Entre las peticiones mencionó recategorizaciones y “logros sindicales”. Como “imposibles” señaló la apertura de nuevas plazas, porque los recursos los dota la Federación y el tema está sujeto a la SEP, a auditorías y a la Comisión de Vigilancia. La semana pasada, recordó, se entregaron resultados financieros en la Cámara de Diputados.
Añadió que se ofreció una reunión en la Ciudad de México y se pagó el boleto a la secretaria sindical, quien no acudió, en enero.
Descartó que la protesta tenga “tinte político” por la supuesta militancia morenista de un asesor. “Creemos en la buena fe y en la esencia universitaria de esta expresión”.
La marcha, el campus y el presupuesto federal
Este viernes la Rectoría tenía agenda paralela: el Congreso Internacional de Vías Terrestres, con la presencia del subsecretario de la SICT, y un desayuno de mejores promedios con la directora Cristina Cabrera. El rector, el secretario general y el abogado general, dijo, estarían “atentos” y serían “respetuosos” de la manifestación.
Sobre pintas en Derecho, baches y aulas, explicó que dos salones de Filosofía se usaron de forma provisional para recibir a estudiantes de Psicología y Ciencias Políticas; al cerrar altas y bajas, esos grupos ya no ocupan esos espacios. Advirtió que, si hay marcha, la limpieza que suelen hacer compañeros del sindicato podría recaer en personal de confianza, un tema sensible para el alumnado por los baños.
El presupuesto federal para construcción y mantenimiento, puntualizó, ronda entre 4 y 6 millones de pesos, lejos de la época en que se levantaron un estadio olímpico o el Andrés Bernardo Aguirre. El clima extremo de Chihuahua, añadió, obliga a atender aires acondicionados y condiciones que otras universidades no enfrentan. “Ahí se va a recurrir”, dijo, en referencia a gestionar más recurso.
La tesis del rector cabe en una frase: la universidad ya pagó el diagnóstico; ahora espera “nuevas actitudes” del sindicato y pasos concretos —empezando por los 27 compradores del terreno— antes de hablar de “luz verde” financiera. La protesta, en su relato, no nace de una puerta cerrada, sino de una reforma que el gremio aún no acepta.