CHIHUAHUA. — Con el objetivo de brindar certeza y claridad a los aspirantes a ingresar al servicio público educativo, el diputado Óscar Avitia hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se informe detalladamente sobre el tipo de vacantes —temporales o definitivas— disponibles en las listas de prelación.
Ante la inquietud de los participantes en el proceso de admisión, el legislador explicó que existe una disparidad estructural entre la oferta y la demanda de espacios en el sistema escolar. «Hay más aspirantes que las propias vacantes», señaló Avitia, al precisar que la asignación de plazas es un proceso dinámico que se extiende a lo largo de todo el ciclo escolar conforme se van generando nuevos espacios.
El impacto de los procesos de jubilación
Respecto a la fecha proyectada para la entrega de plazas definitivas, el diputado indicó que suele preverse un avance significativo a partir del 31 de enero. Esto responde a la dinámica propia del gremio magisterial, donde un número sustancial de maestras, maestros y trabajadores de la educación inicia sus trámites de jubilación durante el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre).
Es hasta que culminan estos procesos administrativos cuando el Estado cuenta con la disponibilidad de vacantes definitivas para ser otorgadas en estricto apego al orden de los listados de prelación.
Mecanismos de asignación y listas de prelación
Avitia detalló el funcionamiento continuo del sistema de asignación:
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Dinámica continua: Si en una primera etapa la entrega de plazas alcanza hasta un determinado número de la lista (por ejemplo, el lugar 15), el proceso no concluye ahí. A lo largo del año lectivo, cada nueva vacante —temporal o definitiva— que se genera debe cubrirse respetando la secuencia del listado.
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Criterios para vacantes temporales: El legislador abordó también las reglas que rigen cuando un aspirante acepta una vacante de carácter temporal, destacando la importancia de que la autoridad garantice y respete los derechos laborales y de prelación que le corresponden a cada docente según la normativa vigente.
Finalmente, el diputado reiteró la necesidad de que la autoridad educativa mantenga una comunicación abierta para que cada docente conozca con precisión su estatus en el proceso y se garantice el respeto a los derechos adquiridos en las evaluaciones.