A unos días de que se presente un paquete de reformas anticorrupción, Transparencia Mexicana compartió resultados de un nuevo informe sobre las sanciones por corrupción administrativa investigadas por los órganos de fiscalización superior.
De acuerdo con el estudio solo el 7.1 por ciento de los casos investigados por la totalidad de los órganos de fiscalización superior del país llegaron a algún tipo de sanción por parte de los tribunales de Justicia Administrativa.
Transparencia Mexicana explicó que el estudio evaluó la facultad conferida por el Congreso de la Unión en 2015, cuando se dotó a los órganos federales y estatales de fiscalización superior, de “dientes” para poder investigar faltas graves de corrupción en materia administrativa.
Por medio de un comunicado, la organización civil compartió los resultados de la federación y cada una de las 32 entidades del país entre las cuales destaca Chihuahua como la segunda entidad fiscalizadora con mejores resultados en la obtención de sanciones.
En total la ASE Chihuahua ha logrado 69 sanciones, sólo por debajo de Nayarit con 97 y seguido de Zacatecas con 63. Quedando así en el segundo sitio nacional por la eficacia de su labor.
El análisis que incluye además los resultados generales desde que se aprobó la citada medida en el 2015, será entregado al Congreso de la Unión para su consideración durante el análisis y discusión de reformas a la Ley de fiscalización superior que se prevén para este año.
Transparencia Mexicana detalló que la investigación se realizó con la participación activa de órganos de fiscalización superior y tribunales de Justicia Administrativa y es parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades” del Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional.
“Coincidimos con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, el llamado ‘fuero’, para facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, pero también consideramos indispensable incrementar el riesgo de que las investigaciones por corrupción lleguen a sanción”, señaló Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.
“Desaparecer la inmunidad procesal, es relevante sí, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa”, señaló Bohórquez.
Transparencia Mexicana afirmó que el estudio permitirá a los poderes Ejecutivo y Legislativo, valorar el impacto del actual marco legal y considerar posibles cambios a la Ley de Fiscalización Superior vigente.