El fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, arremetió contra las versiones que se han difundido en torno al caso relacionado con la presunta disposición irregular de 98.6 millones de pesos durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, al señalar que existen medios que construyen narrativas que posteriormente son utilizadas como supuestas pruebas ante instancias judiciales.
“Ellos construyen puras narrativas en sus pasquines, que por cierto, uno de ellos se parece mucho a su verdadero dueño porque dice puras mentiras”, expresó Valenzuela al ser cuestionado sobre las recientes determinaciones judiciales relacionadas con la investigación.
El fiscal aseguró que estas versiones posteriormente son presentadas como elementos dentro de procedimientos ante instancias federales que, acusó, se encuentran “cooptadas”, y advirtió que la Fiscalía Anticorrupción continuará defendiendo el caso hasta las últimas consecuencias.
En este sentido, Valenzuela señaló que un juez federal ya reconoció al Estado de Chihuahua, particularmente a la Secretaría de Hacienda, como víctima por la presunta desviación y disposición ilegal e indebida de los 98.6 millones de pesos investigados.
Cuestionó además la actuación del juez federal Roberto Antonio Alcoverde, contra quien, dijo, la Fiscalía ya presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
“La actuación del juez federal, Roberto Antonio Alcoverde, ha sido tan lamentable que nosotros ya lo hemos denunciado ante el Tribunal de Disciplina Judicial”, afirmó.
De acuerdo con Valenzuela, la actuación más reciente del juzgador representa una “flagrante violación” a la Ley de Amparo debido a que, aseguró, existe una suspensión que estaría siendo vulnerada.
Explicó que uno de los puntos de controversia es la competencia sobre la carpeta de investigación. Recordó que el año pasado un Tribunal Colegiado resolvió un conflicto competencial respecto de uno de los imputados, quien actualmente goza de inmunidad constitucional y preside la Comisión de Justicia del Senado de la República, en referencia a Javier Corral.
Sin embargo, sostuvo que ahora se pretende aplicar esa determinación al resto de las personas involucradas en la misma carpeta, situación que calificó como improcedente al señalar que “no puede haber un doble conflicto competencial”.
Valenzuela insistió en que, independientemente de la discusión sobre si los recursos correspondían a aportaciones o participaciones federales, existe una pregunta fundamental para determinar quién resultó afectado por la operación.
“¿De dónde salió el pago de los 98.6 millones de pesos? ¿De qué cuenta salió?”, cuestionó.
El fiscal aseguró que los recursos salieron de la cuenta concentradora de la Secretaría de Hacienda estatal y afirmó que, por ello, las víctimas son los habitantes de Chihuahua.
“Las víctimas son los chihuahuenses, son los habitantes del estado de Chihuahua, que fueron despojados de manera irregular e ilegal de 98.6 millones de pesos para dárselos a un particular por hacer prácticamente nada”, declaró.
Ante las resoluciones que se han presentado en el caso, Valenzuela aseguró que la Fiscalía Anticorrupción agotará todas las vías legales disponibles y afirmó que, de ser necesario, acudirá hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, acusó que se han realizado acciones para “torcer la ley” con la finalidad de conseguir impunidad para los involucrados y sostuvo que, una vez concluido el asunto, la Fiscalía dará a conocer públicamente las pruebas que asegura tener sobre las actuaciones realizadas durante el proceso.
Valenzuela denunció además que la Fiscalía Anticorrupción ha recibido actos que calificó como intimidatorios, tanto a través del juez Alcoverde como de algunos funcionarios de la Fiscalía General de la República.
“Eso no nos va a detener ni nos va a intimidar, ni mucho menos”, sostuvo, al señalar que continuarán con la defensa de los recursos “pese a quien le pese y contra quien sea”.
En otro tema, el fiscal reveló que la dependencia mantiene investigaciones contra integrantes del Poder Judicial del Estado derivadas de denuncias presentadas por ciudadanos que consideran haber sido afectados por resoluciones o actuaciones de jueces y magistrados.
Precisó que actualmente existen alrededor de 10 u 11 denuncias contra jueces, además de señalamientos contra dos magistrados. Aclaró que dichas denuncias no fueron presentadas por el Tribunal de Disciplina Judicial ni por servidores públicos del Poder Judicial, sino directamente por particulares.
Explicó que algunas de las investigaciones se encuentran en etapas avanzadas y podrían derivar en la judicialización de carpetas si se reúnen los elementos suficientes para proceder.
Valenzuela indicó que las denuncias están relacionadas, entre otros aspectos, con presuntas ventajas procesales otorgadas a alguna de las partes y con cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de determinadas resoluciones.
“Los jueces no pueden pensar que son intocables. Ellos están ahí para cumplir con honradez, imparcialidad, objetividad y apegados a la Constitución y a la ley”, manifestó.
Finalmente, el fiscal invitó a los ciudadanos a denunciar posibles actos de corrupción cometidos por jueces, magistrados o cualquier otro integrante del servicio público, al sostener que ningún funcionario puede colocarse por encima de la ley.
“Nadie puede estar por encima de la ley”, reiteró Valenzuela, quien aseguró que la Fiscalía no judicializará ninguna de estas investigaciones hasta contar con los elementos necesarios para sostenerlas ante los tribunales.