Rubén Rocha Moya volvió este viernes a la gubernatura de Sinaloa. Lo anunció en X, con el tono solemne de quien regresa de una prueba de fuego: “con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”.
Había pedido licencia temporal el 1 de mayo. Según su versión, se puso a disposición de las instituciones, compareció personalmente ante la Fiscalía General de la República, respondió preguntas y, detalle que no omite, lo hizo sin ampararse en el fuero. Tras 112 días, dice, las investigaciones no encontraron “elementos mínimos de prueba” en su contra. Inocente, entonces. Caso cerrado. Al menos en su narrativa.
El gobernador no desaprovechó el momento para señalar a los culpables de su calvario: sectores de la derecha nacional y extranjera. Motivaciones políticas, asegura. Nada nuevo bajo el sol de la 4T. Cuando las acusaciones aprietan, la derecha siempre resulta un villano cómodo y disponible.
Ahora regresa a ejercer el mandato que concluye el 31 de octubre de 2027. Promete retomar las actividades “con mayor intensidad” y con énfasis en los sectores de menores recursos. También refrenda su respaldo a Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación. Como si hiciera falta aclararlo.
La secuencia es conocida: licencia cuando el escándalo arrecia, comparecencia sin fuero como gesto de pureza, declaración de inocencia cuando no hay consignación inmediata, regreso triunfal y atribución de todo a una conspiración externa. La frente limpia, la verdad del lado correcto y la derecha siempre al acecho.
En Sinaloa, el gobernador vuelve al escritorio. Falta ver si la realidad política y de seguridad del estado le devuelve el mismo respaldo retórico con el que él se autoproclama absuelto. Porque una cosa es declarar que no hubo elementos mínimos de prueba… y otra es que la ciudadanía lo crea con la misma facilidad con la que se escribe un tuit.