CHIHUAHUA, CHIH. — Tras sostener reuniones de trabajo instruidas por la gobernadora Maru Campos para abordar la crisis humanitaria y de seguridad que aqueja al municipio de Guadalupe Calvo, autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua hicieron un llamado contundente a la Federación para asumir su responsabilidad constitucional en el combate al crimen organizado y la protección de las comunidades desplazadas.
En rueda de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, junto a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledesma, y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Sara Cárdenas, expusieron la cruda realidad que enfrentan las familias de la Sierra Tarahumara.
Un problema con rostro humano
Durante su intervención, Enrique Rascón enfatizó que el desplazamiento forzado interno en la entidad no se reduce a simples cifras o gráficas, sino a una herida profunda a la dignidad humana que afecta principalmente a familias de los pueblos Rarámuri y Ódami, así como a comunidades mestizas.
«Hablamos de niñas, niños y adolescentes que ven interrumpido su ciclo escolar; de adultos mayores que suspenden sus tratamientos médicos; de mujeres que asumen la jefatura del hogar en condiciones de duelo, desarraigo y precariedad tras perder a sus cónyuges. Las familias no abandonan sus tierras voluntariamente: son expulsadas por la violencia y la disputa territorial del crimen organizado», aseveró el funcionario.
La estrategia estatal de contención
A pesar de que el combate a la delincuencia organizada es una facultad de competencia estrictamente federal, el Gobierno de Chihuahua ha desplegado desde 2022 una estrategia transversal mediante la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, la cual contempla cuatro ejes de intervención:
- Atención inmediata: Entrega de kits de primera necesidad, alimentación, albergue temporal digno y atención médica primaria.
- Acompañamiento psicosocial y jurídico: Contención emocional para preservar el tejido social indígena y asistencia legal para el resguardo de patrimonio y restitución de documentos de identidad.
- Estancias dignas: Programas de integración socio-laboral en municipios receptores y planificación para retornos dignos y voluntarios solo cuando existan garantías de seguridad.
- Seguimiento continuo: Comunicación permanente con familias desplazadas y con aquellas que han logrado retornar a sus comunidades.
El llamado a la corresponsabilidad federal
Pese a los esfuerzos presupuestales y operativos desplegados por la administración estatal e instancias de seguridad locales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (42/a. Zona Militar), las autoridades recalcaron que la contención social no elimina la causa de origen.
Para frenar de manera definitiva este éxodo en la zona serrana, el Gobierno del Estado solicitó formalmente a la Federación atender cinco puntos prioritarios:
- Mesas de Paz: Incorporar el desplazamiento forzado interno como un tema permanente en las mesas de construcción de la paz a nivel federal.
- Agenda de Bienestar: Sumar la respuesta humanitaria federal en materia de salud, vivienda, educación y alimentación.
- Estrategia de Seguridad Efectiva: Sostener la desarticulación de estructuras criminales, la atención a las causas y la detención de objetivos prioritarios para garantizar retornos seguros.
- Restablecimiento de Servicios Básicos: Reactivar los servicios de energía eléctrica, abasto, salud e intensificar la inspección forestal contra la tala ilegal en las comunidades expulsoras.
- Presupuesto Etiquetado: Destinar recursos específicos para la atención al desplazamiento forzado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Rascón concluyó reafirmando el compromiso del Estado de no dar «un solo paso atrás» en la protección de los derechos de las familias afectadas, señalando que mientras el Estado acompaña el impacto humano, la Federación debe desarticular a los grupos generadores de violencia para devolver la paz duradera a la Sierra Tarahumara.