El director de la DEA no se anduvo con rodeos. En la cumbre “Estados Unidos libre de fentanilo” soltó la frase que debería haber hecho temblar los cimientos de Palacio Nacional: los cárteles de la droga y el gobierno mexicano son, en la práctica, la misma entidad. No habló de “infiltración”, ni de “casos aislados”, ni de “algunos funcionarios corruptos”. Dijo que son una y la misma. Y que desmantelar esa red es la principal prioridad de la agencia estadounidense.
La construcción no es menor. No se trata de un analista de think tank ni de un tuitero exaltado. Es el titular de la DEA, en un foro oficial, señalando que la frontera entre el Estado mexicano y el crimen organizado se ha diluido hasta volverse indistinguible. Mientras Washington declara la guerra al fentanilo, México aparece no como aliado imperfecto, sino como parte del problema estructural. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿hasta dónde llega esa “misma entidad”? ¿Cuántos eslabones de la cadena institucional están ya colonizados?
Y mientras la DEA dibuja ese diagnóstico brutal, en Chihuahua la política sigue su curso habitual de simulaciones y acomodos.
Maru Campos defendió este martes los 150 millones de pesos ya listos para la Poniente 5. Ante la negativa de los diputados de Morena a votar el proyecto por considerarlo deuda, la gobernadora respondió con la frase de manual: “La deuda no siempre es mala, siempre y cuando sepamos en dónde se invierte, para qué se invierte y qué genera”. Y, para no perder la costumbre, comparó con el gobierno federal: “Si no, te preguntarían en qué ha invertido su deuda”. El mensaje es claro: la deuda es mala cuando la hace el gobierno federal sin dar buenos resultados en la infraestructura, como el Tren Maya, el tren Interoceánico que van dos veces que descarrila, la refinería de Dos Bocas que no refina nada, del Aeropuerto del AIFA que pocos utilizan.
En paralelo, ocho diputados panistas se reunieron con el nuevo secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Salvador Carrillo. La foto oficial habla de “gestiones ciudadanas”. La lectura real es otra: los posibles aspirantes a candidaturas necesitan mantener el flujo de recursos abierto. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. El acceso a programas sociales y apoyos directos sigue siendo la moneda de cambio más efectiva cuando se acerca el tiempo de las firmas y los votos.
Uno de esos perfiles, el diputado Jorge Soto, se mueve con habilidad. Se reunió con representantes de 20 asociaciones civiles y repitió el discurso panista de “tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario”. Habló de corresponsabilidad, de que el destino de Chihuahua no depende solo de las autoridades y de que “para que el mal triunfe basta con que la gente buena no haga nada”. Correcto, bien escrito, bien ensayado. Exactamente lo que se espera de alguien que ya se ve en la boleta.
Y mientras tanto, en Delicias, el equipo de seguridad de Cruz Pérez Cuéllar —pagado con recursos de los juarenses— arremetió contra un trabajador que cuidaba lonas de protesta contra el alcalde con licencia. Le quitaron hasta el celular. El agricultor de apellido Gutiérrez lo dijo sin rodeos: se unieron para rechazar “las mentiras” del precandidato y lo que representa la 4T. Reportaron los hechos. Hay temor. Algunos hablan de desesperación por las encuestas. Otros, de la soberbia que ya caracteriza al personaje. No es la primera vez que su aparato de seguridad reacciona con violencia ante la disidencia.
Así se escribe la crónica de estos días: la DEA dice que gobierno y cártel son la misma cosa; en Chihuahua se discute si la deuda es buena o mala según quién la contraiga; los aspirantes panistas se acercan al nuevo secretario para no perder el botín de los programas; y los guaruras de Pérez Cuéllar siguen cobrando con el erario el derecho a callar a quienes se atreven a colgar una lona.