CHIHUAHUA, CHIH. — Los exalcaldes de Ciudad Juárez por el Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Elizondo y Ramón Galindo, acompañados por el abogado Mariano Cordero, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en contra del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. La acción legal señala presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades por un monto superior a los 105 millones de pesos.
De acuerdo con los denunciantes, la acusación se fundamenta en irregularidades graves dentro de la contratación del servicio de barrido mecánico mediante la renta de ocho máquinas barredoras, un esquema pluriAnual que abarca un periodo de 29 meses (entre 2022 y 2024).
Un sobreprecio de hasta 1,400% por unidad
Durante la rueda de prensa posterior a la entrega del documento en la fiscalía, los exfuncionarios expusieron las disparidades económicas del contrato celebrando con la administración municipal:
Monto total erogado: 105 millones 600 mil pesos.
Costo asignado por unidad: Alrededor de $750,000 dólares (aproximadamente 13.1 millones de pesos) únicamente por concepto de renta y mantenimiento de cada una de las ocho barredoras.
Precio de mercado: Según investigaciones presentadas por el equipo legal, el costo de adquisición comercial de barredoras de características similares (modelos 2007 a 2017) ronda entre los $47,000 y $55,000 dólares ($850,000 pesos aproximadamente).
«Con el dinero que pagaron por rentar una sola barredora, el Municipio pudo haber comprado 13 unidades para el patrimonio de Ciudad Juárez. En total, las ocho barredoras se pudieron haber adquirido por menos de 8 millones de pesos», aseveró Ramón Galindo.
Irregularidades en la licitación y en la empresa contratada
Los denunciantes detallaron que las pruebas aportadas provienen de información pública oficial, incluyendo el propio contrato municipal, las actas de licitación y reportes de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Entre las anomalías operativas y legales señaladas destacan:
1. Empresa sin capacidad jurídica ni técnica: La compañía beneficiada, denominada IRA S. de R.L. MI, estaba registrada como una microindustria dedicada originalmente a productos eléctricos, electrónicos y servicios de maquila.
2. Exceso en límites de facturación: Por su constitución como Micro Industrial, la firma no podía facturar montos elevados; sin embargo, facturó entre 33 y 36 millones de pesos anuales al erario municipal.
3. Falta de activos: Se denunció que la empresa no contaba con ningún vehículo ni barredora registrada a su nombre en las oficinas de Rentas al momento de la licitación en 2022.
4. Proceso licitatorio dirigido: Los tiempos de la licitación fueron recortados, lo que impidió la participación de otros competidores y dio como resultado una adjudicación directa simulada.
5. Inexistencia de estudios de mercado: No se elaboró el análisis legalmente obligatorio que justificara la conveniencia económica de rentar en lugar de comprar, ni se sustentó la causa para un contrato plurianual.
Metas inalcanzables y falta de evidencia
Dentro del desglose técnico, los exalcaldes indicaron que el contrato estipulaba un costo de 354 pesos por kilómetro barrido. Para justificar el cobro de los 105.6 millones de pesos, las unidades habrían tenido que recorrer diariamente 411 kilómetros —una distancia equivalente a ir de Ciudad Juárez a Delicias todos los días— durante 29 meses consecutivos.
Asimismo, afirmaron que no existe una sola bitácora u obra documental que compruebe que el servicio fue efectivamente prestado en las calles de la ciudad.
Petición a la Fiscalía y al SAT
La denuncia formal incluye la solicitud expresa a la Fiscalía Anticorrupción para que dé vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de que se auditen las declaraciones de ingresos de la empresa IRA y se verifique la trazabilidad de las operaciones bancarias y el pago de impuestos.
Finalmente, Gustavo Elizondo y Ramón Galindo hicieron un llamado a las dirigencias políticas para evitar el perfilamiento de candidatos con señalamientos graves de corrupción e indicaron que continuarán recabando elementos, pues estiman que el daño patrimonial total a las arcas juarenses podría ascender a cientos de millones de pesos.