Inician los Trabajos de Fiscalización conjunto de la ASF y la ASE en los Municipios de Chihuahua

El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, destaca que hasta un 90% de los ingresos en 33 municipios depende de fondos federales.

 La ASF auditará directamente a 23 municipios, mientras que la ASE fiscalizará el resto para lograr un 100% de cobertura en la entidad.

CHIHUAHUA, CHIH. — La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmaron un nuevo convenio de coordinación con el objetivo de homologar procesos de revisión, evitar la duplicidad de cargas administrativas a los ayuntamientos y garantizar la fiscalización del 100% de los municipios de la entidad.

El anuncio fue encabezado por el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, acompañado por representantes de la ASF como Juan Roberto Castillo Cruz, titular de la Unidad Especializada a Municipios, y María Isabel Guerrero Flores, titular de la Unidad de Atención Ciudadana. En el encuentro estuvieron presentes alcaldesas, alcaldes y enlaces administrativos de 62 de los 67 municipios de Chihuahua.

Alta dependencia de recursos federales

Durante su intervención, Acosta Félix enfatizó la relevancia estratégica de vigilar los fondos federalizados —provenientes de los Ramos 28 y 33—, al presentar datos del Atlas Financiero Municipal elaborados por el propio órgano fiscalizador estatal:

«Tenemos 33 municipios del estado que dependen en un 90% del recurso federalizado; 18 dependen entre el 80% y 90%; 10 municipios entre el 70% y 80%; y 7 entre el 60% y 70%. Solamente hay un municipio que depende de poco menos del 60%», detalló el titular de la ASE.

Ante este panorama, señaló que resultaba indispensable unificar criterios, pues ninguna entidad fiscalizadora, por sí sola, cuenta con la capacidad de revisar la totalidad de los fondos ejercidos en los tres órdenes de gobierno.

Un frente común sin doble tributación de información

Acosta Félix reconoció que, desde la creación del Sistema Nacional de Fiscalización en 2015, una de las principales quejas de los ayuntamientos era recibir revisiones consecutivas sobre el mismo rubro tanto por parte de las autoridades federales como de las locales, generando duplicidad de esfuerzos.

Con el nuevo esquema, se acordó una distribución de trabajo bajo el Programa Anual de Auditoría:

Exhorto a cierres de administración ordenados

El titular de la ASE agradeció la asistencia de los ediles y sus equipos de trabajo, reconociendo la complejidad geográfica de la entidad para coordinar este tipo de reuniones. En el evento también se contó con el acompañamiento institucional del diputado Octavio Borunda Quevedo.

Para finalizar, Acosta Félix dirigió un mensaje a los munícipes sobre la trascendencia de la rendición de cuentas en la gestión pública:

«Un cierre ordenado que contenga la aclaración de los posibles hallazgos de las auditorías es la mejor forma en la que ustedes continúen exitosamente en los proyectos personales, profesionales o políticos que se tengan planteados».

En su mensaje, Juan Roberto Castillo Cruz, Titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Municipios y representante del Auditor Superior de la Federación, indicó que la apertura de los trabajos de fiscalización superior de la cuenta pública 2025 en Chihuahua, evento con el que se materializa el convenio de colaboración firmado recientemente con la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Durante su intervención, Castillo Cruz informó que de las 32 entidades federativas, en 30 ya se ha suscrito este tipo de convenio con la ASF. El objetivo, dijo, es avanzar hacia una fiscalización más amplia, coordinada y técnicamente homogénea en todo el país.

En el caso de Chihuahua, que cuenta con 67 municipios, la ASF fiscalizará de manera directa a 23 de ellos, mientras que la ASE se encargará de los 44 restantes. Los trabajos se realizarán conforme a los criterios, procedimientos y estándares técnicos establecidos por la Federación. De esta forma, mediante la suma de capacidades de ambas instituciones, se alcanzará la cobertura total de los municipios del estado.

El representante federal explicó que la ASF mantendrá la conducción técnica de la estrategia y proporcionará criterios, metodologías, herramientas tecnológicas e insumos necesarios. Por su parte, la ASE aportará su capacidad operativa, experiencia institucional y conocimiento directo del contexto municipal.

“El reto no consiste solamente en auditar un mayor número de municipios, sino en realizar auditorías con mayor precisión, oportunidad y capacidad de generar buenos resultados”, subrayó.

Castillo Cruz enfatizó la relevancia de revisar los recursos federales ejercidos por los municipios, ya que estos financian servicios públicos, infraestructura, seguridad, acciones sociales y obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población. La fiscalización, precisó, no se limita a comprobar cifras o verificar documentos, sino a determinar si los recursos se ejercieron conforme a la normatividad, si cumplieron los objetivos para los que fueron autorizados y si generaron beneficios concretos para la ciudadanía.

La ASF, indicó, ha asumido el compromiso de avanzar hacia la fiscalización de la totalidad de los más de 2 mil municipios del país, una meta ambiciosa pero necesaria que requiere coordinación estrecha con las entidades estatales de fiscalización.

Ante las autoridades municipales presentes, el funcionario federal planteó que la fiscalización debe concebirse como una herramienta preventiva y de mejora institucional. Una revisión oportuna permite identificar riesgos, corregir procesos, fortalecer controles internos y evitar que las deficiencias administrativas se conviertan en irregularidades de mayor alcance. Al mismo tiempo, ofrece a los municipios la oportunidad de demostrar que los recursos fueron ejercidos correctamente y que las decisiones públicas están respaldadas por documentación, resultados y beneficios verificables.

Finalmente, Castillo Cruz agradeció al auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, por facilitar el encuentro y por su voluntad para traducir el convenio en acciones concretas de fiscalización. “Tenemos una responsabilidad común: cuidar los recursos que pertenecen a todos, fortalecer la confianza en las instituciones y contribuir a que cada peso público se ejerza con legalidad, eficiencia, transparencia y sentido social”, concluyó.

 

 

Entre los  asistentes al evento se destacaron: 

 

 

 

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