Por la Redacción
Chihuahua, Chih. — 10 de julio de 2026
El libreto del centralismo oficialista ya es predecible, pero no por ello menos voraz. Resulta que las becas y dádivas entregadas «a diestra y siniestra» por el Gobierno Federal ya encontraron su límite natural: el fondo del saco. Con el presupuesto federal exhausto tras años de un asistencialismo sin planeación, la Federación ha activado su plan de contingencia favorito: estirar la mano y asfixiar las finanzas de los estados.
El escenario para este nuevo acto de presión política fue el cierre de los foros de consulta para personas con discapacidad, donde la diputada morenista Elizabeth Guzmán Argueta no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo envenenado con disfraz de «exhorto respetuoso». La legisladora exigió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, firmar el famoso convenio de coordinación para hacer «universal» la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
La trampa del 50/50: Detrás del discurso conmovido y la retórica de los «derechos humanos», lo que Morena esconde es una audaz maniobra de despojo financiero. El convenio exige que el Estado ponga la mitad del dinero para cubrir a las personas con discapacidad mayores de 30 años. Es decir, como a la Federación ya no le alcanza para sostener sus propias promesas, ahora busca obligar a Chihuahua a empeñar su presupuesto para salvarle la plana a la Ciudad de México.
Discursos contra realidades: El Estado sí responde
Es una ironía casi cínica que desde la bancada de Morena se acuse una «falta de voluntad» en el gobierno estatal. Mientras el Gobierno Federal dejó desvalidos a los adultos mayores de 30 años con discapacidad al dejarlos fuera de su cobertura presupuestal automática, la administración estatal de Maru Campos ha tenido que entrar al quite.
A diferencia de la cerrazón centralista, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha mantenido activos apoyos directos en efectivo y entrega de despensas para este sector vulnerable, operando con recursos locales lo que la Federación simplemente se lavó las manos para no pagar.
El doble rasero guinda
Guzmán Argueta presumió con bombo y platillo que unos 10 mil niños y jóvenes en Ciudad Juárez reciben la pensión federal, lo que equivale a 396 millones de pesos al año. Lo que omitió detallar es que ese dinero —que sale de los impuestos de todos los mexicanos— ya no da para más. Para el aparato oficialista es muy fácil pararse en un podio a decir que «la inclusión se demuestra garantizando derechos», siempre y cuando la factura la pague el presupuesto de los chihuahuenses.
Chihuahua no puede, ni debe, ceder ante este «gandallismo» presupuestal que pretende desmantelar las finanzas locales para alimentar la maquinaria clientelar de la Federación. Los derechos de las personas con discapacidad son un asunto serio, demasiado serio como para convertirlos en el pretexto perfecto para vaciar las arcas del Estado.